En los últimos años, Ecuador ha experimentado un aumento preocupante de la violencia en diversas partes del país. Ciudades como Guayaquil, Quito, Esmeraldas y Manta se han convertido en escenarios macabros de homicidios, donde los enfrentamientos armados, robos y extorsiones son delitos que han impactado significativamente a la ciudadanía.
Si bien este fenómeno no es nuevo, es crucial reconocer que estos factores generan escenarios de inseguridad crecientes que afectan la economía y la salud mental y física de cada ciudadano.
Las cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado al cierre de 2024 revelan 6.964 muertes violentas, equivalentes a 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes. Guayaquil se consolida como la ciudad más afectada, registrando el 50% de estos casos, lo que la convierte en la urbe más peligrosa no solo del país, sino de toda América Latina.
El incremento de la violencia en el país no se limita a los homicidios; también incluye secuestros, extorsiones, sicariatos y microtráfico de drogas. Esta situación ha llevado al país a declarar estados de excepción en reiteradas ocasiones en un intento por contener esta creciente ola de violencia.
Entre las posibles causas del aumento de la violencia urbana en Ecuador, destaca la expansión del crimen organizado, principalmente ligada al narcotráfico. Países vecinos como Colombia y Perú son puntos clave en el tránsito de drogas destinadas a rutas internacionales como Europa y Estados Unidos. Los grupos delincuenciales se disputan el control de las diversas rutas de distribución ubicadas en el territorio ecuatoriano, lo que genera enfrentamientos en vías públicas, cárceles y centros de rehabilitación, controlados en muchos casos como centros de operaciones de bandas delictivas.
Este incremento de la violencia también evidencia la dificultad de las instituciones del Estado para ofrecer una respuesta eficaz ante el crimen. En muchos casos, se ha revelado la complicidad, como la infiltración de mafias en las instituciones policiales, judiciales y políticas. Esto ha resultado en la impunidad de numerosas operaciones delictivas, lo que incrementa la desconfianza ciudadana, sumado a la falta de recursos que necesita la Policía Nacional para fortalecer el sistema judicial y penitenciario y así hacer frente al crimen organizado.
La pobreza, la desigualdad, el abandono educativo, la marginación en sectores urbanos y la falta de empleo son factores que contribuyen al crecimiento del crimen, que encuentra en jóvenes vulnerables, sin acceso a servicios básicos, una alternativa para subsistir al unirse a grupos criminales.
La inseguridad se ha generalizado tras el evidente impacto de la ola de violencia en el territorio ecuatoriano. Muchos ciudadanos han optado por restringir sus horarios, sienten temor al usar el transporte público, los negocios cierran temprano por las noches y se invierte en seguridad privada, viviendo con la sensación de estar en un estado de guerra que amenaza sus vidas.
El peligro generado por la violencia en las calles ha provocado movimientos migratorios internos y externos. Numerosas familias abandonan las zonas conflictivas, dejando su hogar y comodidad en busca de seguridad en ciudades aledañas o fuera del país, llegando los ecuatorianos a Europa y Estados Unidos en condiciones precarias.
La violencia no solo afecta la inversión, sino también el turismo y las diversas actividades comerciales del país. En las ciudades más conflictivas, muchos negocios han cerrado debido al temor a amenazas, robos y extorsiones, lo que reduce la competitividad y la generación de empleo.
El país está tratando de frenar los índices de violencia mediante la intervención de las Fuerzas Armadas, que toman el control de barrios conflictivos y cárceles, y mediante la reforma de leyes para endurecer las penas.
Sin embargo, es fundamental que el país no solo fomente la intervención militar, sino que también genere estrategias integrales de prevención y justicia a nivel institucional y en las políticas sociales. Además, se requiere inversión en educación, empleo y una verdadera rehabilitación carcelaria para combatir el problema de raíz.
En conclusión, la violencia en las zonas urbanas de Ecuador representa una crisis de alta complejidad, donde la pobreza y la desigualdad son causas subyacentes que alimentan la corrupción en todos los niveles sociales, afectando gravemente la seguridad y la economía ecuatoriana.
Escrito por: Carol Quimi