El Gobierno de Ecuador anunció la creación de una tasa de fiscalización minera, una medida que ha generado dudas entre la ciudadanía y los actores del sector productivo, ya que muchos desconocen en qué consiste este mecanismo. La vocera oficial del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, detalló que esta tasa busca fortalecer la supervisión estatal sobre la minería legal e ilegal, en medio de un contexto donde el control sobre los recursos naturales se ha vuelto crítico.
La tasa, que comenzará a cobrarse desde julio de 2025, tiene el objetivo de recaudar alrededor de $229 millones anuales, esta cifra permitirá financiar labores de control técnico, legal y ambiental, principalmente a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), para impedir que organizaciones ilegales continúen explotando el territorio.
¿Qué es una tasa de fiscalización?
A diferencia de un impuesto tradicional, que se cobra de forma general a personas o empresas, una tasa de fiscalización es un cobro específico que el Estado impone por brindar un servicio concreto de control o supervisión, en este caso, se refiere a la vigilancia que realiza el gobierno sobre actividades extractivas.
La tasa tiene como fundamento legal el principio de que quien realiza una actividad potencialmente riesgosa o de alto impacto, como la minería, debe cubrir los costos de que el Estado supervise que esa actividad se realice dentro de la ley.
¿A quiénes afecta la nueva medida?
La tasa anunciada por el Gobierno se aplicará a las concesiones mineras en todas sus escalas, pequeña, mediana y gran minería, esto incluye tanto al régimen general como al régimen especial. Sin embargo, queda excluida la minería artesanal, que opera bajo otras condiciones y con menor capacidad económica.
El monto a pagar variará dependiendo de varios factores, como el tipo de mineral que se extrae, la fase en la que se encuentra el proyecto (exploración, explotación, cierre) y el tamaño de la concesión, esta diferenciación busca que el cobro sea proporcional al impacto y escala de cada operación.
La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, aseguró que esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para frenar la expansión de la minería ilegal, que en los últimos años ha crecido de forma alarmante en varias provincias del país.
“El combate a la ilegalidad es una prioridad y esta decisión aúna esfuerzos del Gobierno y la empresa privada para impedir que nuestro territorio sea tomado por las mafias y se pierdan valiosos recursos que deben estar al servicio de las familias ecuatorianas”, dijo Jaramillo en rueda de prensa. También destacó que se trata de una medida estructural, no solo reactiva.
Objetivos y posibles beneficios de la tasa
El principal objetivo de la tasa de fiscalización es asegurar que el Estado cuente con los recursos necesarios para ejercer un control real sobre el sector minero, escenario de conflictos sociales, daños ambientales y penetración del crimen organizado.
Al mismo tiempo, se busca enviar una señal de orden al mercado y a la ciudadanía: que el Gobierno está comprometido con una minería legal, transparente y regulada. En la práctica, esto podría traducirse en una mayor confianza de los inversores formales y una reducción progresiva de las operaciones ilegales.
En un escenario favorable, la tasa podría convertirse en una herramienta eficaz para ordenar el sector minero, generar ingresos para el Estado y reducir la minería ilegal. Si la recaudación se gestiona con transparencia y se canaliza correctamente hacia la fiscalización, Ecuador podría posicionarse como un país con minería responsable y sostenible.
Riesgos, contexto económico y condiciones clave
Sin embargo, también hay riesgos. Algunos actores del sector advierten que esta nueva carga podría desalentar la inversión, especialmente en un momento en que el país necesita atraer capital para dinamizar su economía. Además, si los recursos generados por la tasa no se utilizan de forma eficiente, podría generarse la percepción de que se trata solo de una nueva forma de recaudar fondos.
La situación económica del Ecuador está marcada por un elevado déficit fiscal, presión sobre el gasto público y exigencias del FMI y los mercados para implementar ajustes estructurales. En este contexto, el Gobierno de Daniel Noboa intenta encontrar un equilibrio entre la necesidad de ingresos y el impulso a sectores estratégicos como la minería.
Para que esta tasa tenga un impacto positivo real, será clave su implementación técnica, la transparencia en el uso de los fondos y una comunicación clara a la ciudadanía sobre su función y beneficios. De lo contrario, podría convertirse en un factor más de tensión en un entorno económico ya complejo.
¿Afecta a los ciudadanos comunes?
Aunque esta tasa está dirigida directamente a las empresas mineras, su efecto puede sentirse en la economía más amplia, si desincentiva la inversión en el sector, podría traducirse en menos empleo y menos dinamismo económico en las zonas mineras.
En el lado positivo, si la medida logra frenar la minería ilegal y proteger el medio ambiente, habrá beneficios indirectos para las comunidades, como mayor seguridad y reducción de contaminación, además, los ingresos fiscales obtenidos podrían invertirse en servicios públicos, si se manejan con eficiencia.
El éxito de esta medida dependerá no solo de su correcta implementación técnica y operativa, sino también de la voluntad política sostenida para convertirla en una verdadera herramienta de transformación económica, institucional y ambiental para el país. Esta tasa de fiscalización no surge en un vacío, sino como respuesta a las complejas circunstancias que atraviesa el país. Si el Estado cumple con los objetivos y administra bien los recursos, esta medida podría marcar un punto de inflexión positivo para el desarrollo nacional.
Escrito por: Alisson Inaquiza