El narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas han dejado de ser un fenómeno marginal en Ecuador: hoy constituyen una amenaza directa para la seguridad, la institucionalidad y el bienestar social del país.
Ecuador, a pesar de no ser un país tradicionalmente productor de drogas a gran escala, se ha convertido en los últimos años en un territorio estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas. Su ubicación geográfica entre Colombia y Perú, dos de los principales productores de cocaína en el mundo, y su acceso a puertos marítimos internacionales han transformado al país en una plataforma de exportación para el narcotráfico. Este fenómeno afecta no solo la seguridad y la salud pública, sino también la economía, la institucionalidad del Estado y la percepción internacional del país.
La población joven y vulnerable es la más afectada.
El consumo de sustancias ilícitas ha crecido especialmente entre los adolescentes y jóvenes. Según la Encuesta de Población Escolar del año 2022, el 12,7 % de los estudiantes entre 13 y 17 años ha consumido alguna droga ilícita al menos una vez. La droga de inicio más común es la marihuana, seguida por la cocaína y las drogas sintéticas como el éxtasis.
Este consumo temprano está ligado a la deserción escolar, la violencia intrafamiliar y el reclutamiento por parte de bandas delictivas, que utilizan a menores como microtraficantes. Esto genera un círculo vicioso de pobreza, exclusión social y violencia.
¿Qué están haciendo las familias ecuatorianas sobre este tema?
Las consecuencias del consumo de drogas también afectan al núcleo familiar. El deterioro emocional, económico y de convivencia en los hogares de personas consumidoras puede derivar en rupturas familiares, abandono infantil y, en casos extremos, violencia doméstica.
Podemos decir, además, que los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes, los asesinatos por encargo —conocidos como sicariato—, las extorsiones y la corrupción institucional han disparado los índices de violencia. Ecuador cerró el año 2023 con una tasa récord de homicidios intencionales: 47 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina, superando incluso a México y Colombia.
El auge del narcotráfico en Ecuador ha fortalecido la presencia de mafias internacionales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones, que han tejido redes dentro y fuera de las cárceles.
Sabemos que estas organizaciones obtienen millonarias ganancias mediante el envío de cargamentos de droga a Europa y Estados Unidos, con la complicidad de operadores portuarios, policías, militares e incluso políticos corruptos.
El lavado de activos, el tráfico de armas, la minería ilegal y la trata de personas son economías criminales asociadas al narcotráfico, que florecen en entornos con poca presencia del Estado. Estas actividades generan beneficios a corto plazo para ciertos grupos económicos informales o criminales, pero a costa de debilitar el tejido productivo legal.
Daños que causan las sustancias ilícitas
Si hablamos institucionalmente, podemos decir que el narcotráfico corrompe planteles públicos como la Policía, el sistema judicial y los gobiernos locales. Esto debilita el Estado de derecho, aumenta la impunidad y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.
Con esto, el crecimiento de las economías ilegales distorsiona el mercado formal, reduce la inversión extranjera y desvía recursos públicos hacia la seguridad y no hacia sectores como educación o salud. Además, Ecuador enfrenta sanciones internacionales si no combate de forma efectiva el tráfico de drogas.
El costo de la salud pública en el Estado ecuatoriano se ve afectado
El consumo de drogas genera trastornos mentales, enfermedades, accidentes y dependencia, lo que supone un alto costo para el sistema de salud pública. Muchas veces, las familias deben asumir tratamientos costosos para rehabilitación o atención psiquiátrica.
Los padres de familia y educadores son quienes pueden actuar como agentes preventivos en hogares y escuelas, siendo los jóvenes los principales blancos de las redes de consumo y microtráfico.
El narcotráfico ha transformado el paisaje político, social y económico de Ecuador. Entre los efectos más notables están:
- El sistema penitenciario ecuatoriano ha colapsado ante la lucha de poder entre bandas. Desde 2021, más de 500 personas han muerto en masacres carcelarias, muchas de ellas desmembradas o calcinadas. Las cárceles han dejado de ser centros de rehabilitación para convertirse en centros de operación criminal.
- Ecuador ha dejado de ser visto como un país pacífico y de tránsito para convertirse en un punto caliente del crimen organizado. Esto afecta la imagen del país ante organismos internacionales, turistas e inversionistas.
Militarización y pérdida de derechos
La creciente violencia ha llevado a medidas de excepción, toques de queda y militarización de espacios públicos, lo que genera tensión social y erosiona derechos fundamentales. Si bien estas acciones son percibidas como necesarias, deben ser temporales y acompañadas de reformas estructurales.
El gobierno ecuatoriano ha declarado la lucha contra el narcotráfico como una prioridad nacional. Algunas de las medidas implementadas incluyen:
- Estado de excepción y despliegue militar en zonas críticas.
- Reformas legales para endurecer penas por narcotráfico y delitos conexos.
- Inversiones en tecnología portuaria para detectar drogas.
- Campañas de prevención en escuelas y comunidades.
Sin embargo, los expertos coinciden en que estas medidas son reactivas. Para un cambio real, se necesita una estrategia integral que incluya prevención, desarrollo social, educación, rehabilitación y fortalecimiento institucional.
Podemos decir que el problema de las sustancias ilícitas en Ecuador no es solo un tema de seguridad, sino un fenómeno complejo que toca múltiples dimensiones: salud, economía, derechos humanos y gobernabilidad. Combatirlo requiere un enfoque multisectorial, sostenido y coordinado, con participación activa de la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos locales y la cooperación internacional.
Escrito por: Carol Quimi