En los últimos días, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha ordenado la entrega de formularios para iniciar un proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Esta decisión ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico, con acusaciones de persecución política y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
Pabel Muñoz, en un pronunciamiento público, calificó la decisión como una «barbaridad jurídica», argumentando que no existen pruebas concretas que justifiquen su revocatoria. Además, señaló que este intento ya había sido rechazado previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y un juez del TCE, lo que hace sospechar que la medida responde a intereses políticos más que a un fundamento legal sólido.
El alcalde también destacó los avances en su gestión, mencionando grandes inversiones en obras públicas, mejoras en la infraestructura vial y proyectos sociales. Sin embargo, sus críticos insisten en que su administración ha incumplido con sus responsabilidades, aunque no han presentado pruebas contundentes.
Este caso no es aislado. En Ecuador, varios alcaldes y prefectos han enfrentado procesos similares, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si estas acciones son legítimas o si se trata de una estrategia para debilitar a figuras políticas opositoras. La coyuntura electoral actual, con la segunda vuelta presidencial a la vista, añade más suspicacias sobre el timing de estas decisiones.
La revocatoria de mandato es un mecanismo democrático diseñado para que los ciudadanos ejerzan control sobre sus autoridades. Sin embargo, su uso en contextos polarizados y con fines políticos puede erosionar la confianza en las instituciones y desviar la atención de los problemas urgentes que enfrenta el país.
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