Ecuador ha sido un referente internacional en materia de derechos ambientales desde que, en 2008, se convirtió en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. Ese liderazgo se fortaleció en 2022, cuando la Corte Constitucional emitió la Sentencia No. 253-20-JH/22, reconociendo a los animales como sujetos de derechos y marcando un precedente histórico en América Latina.
En cumplimiento de ese mandato, la Defensoría del Pueblo, junto con organizaciones ciudadanas, académicos y especialistas en bienestar animal, elaboró la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOA). Esta ley tenía como objetivo garantizar protección legal a todos los animales, sin importar su especie, uso o entorno.
Sin embargo, el proceso legislativo tomó un giro inesperado. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional reemplazó el proyecto original por otro completamente diferente: la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario Sostenible y Bienestar Animal (LODA). Aunque su nombre sugiere continuidad, la LODA representa un retroceso legal y ético en materia de protección animal en Ecuador.
¿Qué cambió con esta ley?
La LOA se construyó con base en evidencia científica y principios constitucionales, reconociendo a los animales como seres sintientes con derechos individuales. Entre sus propuestas más destacadas estaban:
- La prohibición de toda forma de crueldad animal, sin excepciones culturales o económicas.
- La regulación estricta de industrias, espectáculos y centros de cría que involucren animales.
- La creación de políticas públicas integrales de bienestar animal.
- La inclusión de mecanismos de fiscalización y sanción por parte de los gobiernos autónomos.
En contraste, la LODA adopta un enfoque productivista, priorizando el “desarrollo agropecuario sostenible” y relegando el bienestar animal a un segundo plano. Esta ley permite prácticas como la tauromaquia y las peleas de gallos, justificándolas como expresiones culturales. Se alinea con intereses ganaderos, taurinos y galleros, debilitando los avances alcanzados en la protección animal. Omite el reconocimiento efectivo de los animales como sujetos de derechos y no establece una institucionalidad clara para supervisar su bienestar a nivel territorial.
¿Qué opinan las organizaciones defensoras de animales?
Diversos colectivos, como la Red de Organizaciones por los Derechos de los Animales (RODA), Acción Animal Ecuador y la Fundación Protección Animal, han denunciado que la LODA contradice directamente la sentencia de la Corte Constitucional. Esto constituye una regresión de derechos, lo cual es inconstitucional bajo el principio de no regresividad consagrado en la legislación ecuatoriana.
Además, han señalado que el proyecto fue elaborado sin una consulta ni participación ciudadana efectiva, excluyendo a las organizaciones que impulsaron la LOA. También advierten que se abre la puerta a la explotación intensiva de animales en nombre del desarrollo productivo.
La situación es preocupante: el Estado ecuatoriano estima que existen más de 3 millones de perros y gatos en zonas urbanas, de los cuales un 60% vive en situación de abandono o maltrato, según la Red de Protección Animal. Asimismo, cada año se reportan más de 5.000 casos de tráfico de fauna silvestre, afectando a especies como loros, monos, tigrillos y boas. Eventos como las peleas de gallos, rodeos y corridas de toros se celebran en más de 80 cantones del país, muchas veces sin regulación ni fiscalización.
Según encuestas recientes, el 80% de los ecuatorianos se opone a espectáculos que impliquen maltrato animal, lo que evidencia una desconexión entre la opinión pública y las decisiones legislativas.
¿Qué reacciones internacionales se esperan?
La regresión que representa la LODA no ha pasado desapercibida a nivel internacional. Organizaciones como World Animal Protection, Animal Defenders International, PETA Latinoamérica y la Fundación Franz Weber han expresado su preocupación. También han advertido que, de aprobarse la LODA en su forma actual, Ecuador podría enfrentar procesos ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, por incumplir con los principios de progresividad y protección de seres vulnerables.
¿Qué están haciendo las autoridades ecuatorianas?
Se espera que la Asamblea Nacional reconsidere el texto actual y retome el proyecto original de la LOA, elaborado conforme al mandato de la Corte Constitucional. También se solicita que se establezca un nuevo proceso de debate abierto, con participación técnica, científica y ciudadana, y que se asegure que la futura ley sea coherente con los compromisos internacionales en materia de biodiversidad, derechos de la naturaleza y bienestar animal.
Asimismo, se prevé que la Defensoría del Pueblo interponga una acción de inconstitucionalidad en caso de que la LODA sea aprobada, defendiendo así el proceso participativo que dio origen a la LOA.
El papel clave de la sociedad civil
La ciudadanía tiene un rol fundamental en este proceso. Activistas y personas comprometidas pueden:
- Informarse y difundir el contenido real de la LODA y la LOA.
- Firmar peticiones públicas que exigen una ley justa y basada en evidencia científica.
- Participar en marchas, foros, debates y campañas en redes sociales.
- Presionar a sus asambleístas para que voten a favor de los derechos de los animales y no de intereses económicos.
En los últimos meses, movilizaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja han reunido a cientos de personas que exigen una legislación que priorice la vida por encima de la violencia.
¿Qué tipo de país queremos ser?
El paso de la LOA a la LODA no es simplemente un cambio de nombre. Es un giro profundo en la filosofía sobre cómo tratamos a los animales, y una señal preocupante de cómo los intereses económicos pueden influir en el rumbo de la justicia y los derechos.
Ecuador, que fue pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, hoy enfrenta el riesgo de retroceder en una conquista legal y ética que protegía a los más vulnerables: los animales. La ciudadanía, las organizaciones y los sectores comprometidos tienen la responsabilidad de defender una legislación que respete lo que ya dictó la Corte: que los animales tienen derechos, y el Estado debe garantizarlos.
El futuro de esta ley definirá no solo cómo tratamos a los animales, sino qué tipo de sociedad queremos construir.
¿Estamos dispuestos, como país, a avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete la vida en todas sus formas, o seguiremos justificando la crueldad en nombre de la tradición y el lucro económico?
Escrito por: Carol Quimi