La renuncia de Diana Salazar al cargo de fiscal general del Estado ha puesto en el centro de atención un proceso crucial para el país: la elección de su reemplazo. En medio de un clima de incertidumbre y expectativas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció que, en un plazo máximo de 30 días, conformará la Comisión Ciudadana encargada de este proceso. Pero, ¿qué implica realmente esta elección? ¿Está el país preparado para una transición transparente y eficaz en este momento crucial?
Una renuncia que marca el inicio de una transición clave
El anuncio de Diana Salazar, realizado el 20 de mayo de 2025, marcó el fin de una gestión que abarcó casos emblemáticos y controversiales. Salazar, quien permaneció en el cargo de forma prorrogada desde abril, decidió dar un paso al costado. Así, dejó un legado que genera opiniones divididas entre la población.
Con su renuncia, el artículo 290 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el CPCCS debe iniciar un proceso para llenar la vacante en un plazo no mayor a un mes. Durante este período, la Fiscalía General del Estado estará bajo la dirección del fiscal subrogante, Wilson Toainga. Él asumirá las funciones hasta que se nombre al nuevo titular.
El papel del CPCCS en la selección del nuevo fiscal general
El CPCCS enfrenta un gran reto: debe asegurar que la selección del próximo fiscal general sea transparente, inclusiva y legal. La sesión del pleno, programada para hoy, 21 de mayo, será crucial para designar al equipo técnico que conducirá el concurso. Este equipo trabajará junto a una veeduría ciudadana ya conformada y bajo un reglamento actualizado que establece plazos y procedimientos.
La veeduría ciudadana tendrá un rol esencial para vigilar de forma independiente cada etapa del proceso. Sin embargo, la confianza pública en el CPCCS ha sido cuestionada en ocasiones anteriores, lo que coloca al organismo bajo un escrutinio sin precedentes.
El legado de Diana Salazar
Durante seis años al frente de la Fiscalía, Diana Salazar estuvo involucrada en 22 casos de alto perfil, entre ellos “Sobornos 2012-2016” y “Metástasis”. Sus decisiones recibieron tanto aplausos como críticas. Mientras algunos valoran su valentía para enfrentar estructuras de poder, otros cuestionan la selección de casos y la metodología usada en sus investigaciones.
Ahora, el nuevo fiscal general deberá continuar con estos casos, garantizando el respeto al debido proceso y que se haga justicia. Esta transición también es una oportunidad para evaluar los aciertos y errores de la gestión de Salazar, y para que la Fiscalía recupere la confianza ciudadana.
Retos y oportunidades para el CPCCS
El Consejo de Participación Ciudadana enfrenta un momento decisivo. El éxito o fracaso de este proceso podría redefinir su credibilidad ante la ciudadanía. Además, este concurso podría convertirse en un modelo para futuras selecciones en otras instituciones del Estado.
El CPCCS no solo debe cumplir con los plazos legales, sino también fortalecer su comunicación con el público. Informar de forma oportuna y transparente sobre cada etapa es vital para construir confianza.
¿Qué espera el país del nuevo fiscal general?
El perfil ideal del nuevo fiscal general, según expertos, debe incluir independencia política, experiencia comprobada en litigación y un compromiso firme con la transparencia. En un país donde la corrupción y la inseguridad son problemas graves, el liderazgo de la Fiscalía será clave para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
El impacto de esta transición no se limitará a la Fiscalía; repercutirá en todo el sistema de justicia y en la percepción ciudadana. ¿Cómo se garantizará la independencia del nuevo fiscal? ¿Será capaz de continuar con los casos emblemáticos iniciados por Diana Salazar? Estas preguntas seguirán siendo parte central del debate.
El momento también invita a la sociedad a reflexionar sobre su papel en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La participación activa, el monitoreo constante y el ejercicio de los derechos ciudadanos serán fundamentales para impulsar un cambio positivo.
La renuncia de Diana Salazar deja un vacío que, aunque desafiante, puede ser una oportunidad para renovar y fortalecer una de las instituciones más importantes del país. Ahora, todos los ojos están puestos en el CPCCS y en su capacidad para liderar un proceso que responda a las expectativas de justicia y transparencia que demanda la sociedad ecuatoriana.
¿Qué cualidades debe tener el nuevo fiscal general para enfrentar los desafíos del país? ¿Es suficiente el plazo de 30 días para garantizar un proceso de selección justo y transparente?
Escrito por: Denisse Veliz