El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado controversia al aprobar una resolución que prohíbe el uso de celulares en los recintos electorales durante la segunda vuelta presidencial del 13 de abril. La medida, justificada como una forma de prevenir actos de extorsión y garantizar la seguridad, ha sido criticada por expertos y ciudadanos que la consideran inconstitucional y desproporcionada.
Según el CNE, la decisión se basa en informes de inteligencia que alertan sobre posibles intentos de coacción al voto en algunos recintos. Sin embargo, muchos cuestionan la falta de transparencia en estos informes y la ausencia de denuncias formales que respalden la medida. Además, la multa de hasta $1,410 por incumplir la prohibición ha sido calificada como excesiva y poco realista en un país donde gran parte de la población enfrenta dificultades económicas.
Juristas como Esteban Ron han señalado que la resolución viola el principio de legalidad y el derecho al voto secreto, consagrado en la Constitución. «El celular es una herramienta personal, y prohibir su uso en los recintos electorales afecta derechos fundamentales», explicó Ron.
La medida también ha generado preocupación entre los observadores electorales y los representantes de organizaciones políticas, quienes temen que la prohibición dificulte la veeduría y el escrutinio de los votos.
En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, esta decisión ha añadido más incertidumbre al proceso electoral. Muchos ciudadanos se preguntan si la prohibición es realmente necesaria o si responde a intereses políticos ocultos.
Mira el programa completo aquí⬇️