El reciente nombramiento de Leonard Bruns como nuevo gerente general subrogante de Petroecuador no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón repetitivo en la principal empresa pública del país, donde las decisiones de alto nivel responden más a coyunturas políticas, presiones internas o escándalos mediáticos que a un modelo de gestión técnico y sostenible.
Bruns reemplaza a Roberto Concha, quien apenas permaneció tres meses en funciones. Concha, a su vez, había sustituido a Leydi Jiménez. Este nivel de rotación en un cargo estratégico no solo evidencia inestabilidad directiva, sino que plantea interrogantes fundamentales:
¿Quién toma realmente las decisiones en Petroecuador? ¿Qué intereses están detrás de estos nombramientos? ¿Cómo afecta esta dinámica a la ciudadanía y al futuro energético del país?
Una empresa sin horizonte institucional claro
Petroecuador ha tenido siete gerentes generales en los últimos cinco años. Esa cifra, por sí sola, ya representa un síntoma de debilidad institucional. Pero el problema no radica solo en la frecuencia de los cambios, sino en su lógica: las decisiones directivas no responden a planes estratégicos de largo plazo, sino a equilibrios políticos momentáneos o a crisis puntuales, como el fallido intento de concesionar el campo Sacha o, más recientemente, el incendio en la Refinería de Esmeraldas.
La pregunta de fondo es clara:
¿Tiene Petroecuador una hoja de ruta técnica que trascienda a sus autoridades de turno?
Hoy, todo indica que no. La consecuencia es predecible: cada nuevo gerente llega con una agenda distinta, desmantela lo anterior, sin continuidad, sin evaluación de impacto y sin rendición de cuentas.
La gestión de Petroecuador no escapa a una lógica común en las empresas públicas del país: la de la cooptación por parte del Ejecutivo de turno. En teoría, el Directorio de la empresa debería definir su estrategia. En la práctica, las decisiones clave dependen de acuerdos políticos entre el Ministerio de Energía y el círculo cercano a la Presidencia de la República. Así, los gerentes son nombrados y removidos sin concurso público, sin exigencia de resultados verificables y, en muchos casos, sin experiencia específica en el sector.
Esto genera una doble afectación: por un lado, se desprofesionaliza la gestión; por otro, se erosiona la confianza en el aparato estatal, tanto a nivel nacional como internacional. Organismos multilaterales y potenciales socios estratégicos perciben esta volatilidad como un riesgo para cualquier negociación seria en materia energética.
¿Qué significa esto para los ecuatorianos?
Algunos ciudadanos podrían pensar que el cambio de un gerente no les afecta directamente. Pero Petroecuador no es cualquier institución: es la mayor generadora de ingresos para el Estado, administra contratos millonarios y sus decisiones impactan directamente en aspectos cotidianos como el precio del diésel o los presupuestos destinados a salud y educación.
Cuando no existe una política energética clara, cuando se improvisan concesiones o se cambian autoridades sin justificación pública, el país entero paga las consecuencias: menos inversión, más ineficiencia, más corrupción y, en última instancia, menos recursos para la sociedad.
Además, esta inestabilidad tiene un costo oculto aún más grave: el deterioro de la confianza ciudadana. Cuando los ecuatorianos perciben que las instituciones no se rigen por criterios técnicos, sino por arreglos políticos, se erosiona la legitimidad del Estado y se vuelve más difícil impulsar reformas de fondo.
¿Qué debería cambiar en Petroecuador?
Hay tres niveles donde se requiere una intervención urgente:
- Reforma institucional del modelo de gobernanza:
Petroecuador necesita una estructura directiva estable, profesional y blindada frente a interferencias políticas. El nombramiento del gerente general debe basarse en méritos comprobables y en procesos competitivos, transparentes y públicos. - Rendición de cuentas permanente:
La ciudadanía debe tener acceso a información clara y actualizada sobre producción, gastos, inversiones y riesgos. Actualmente, gran parte de estos datos son fragmentarios o no se publican, lo que limita el control social. - Plan estratégico blindado frente a la coyuntura:
Petroecuador no puede seguir funcionando con la lógica del “gerente del mes”. Es urgente un plan a 10 o 15 años, alineado con la transición energética global, con metas concretas en reducción de emisiones, diversificación de ingresos y eficiencia operativa.
El rol del nuevo gerente
Leonard Bruns llega con trayectoria internacional y un enfoque orientado a la innovación y la sostenibilidad. Pero su mayor reto no será técnico, sino político:
¿Tendrá el respaldo necesario para tomar decisiones de fondo? ¿O será simplemente otro nombre en la lista de reemplazos que no cambian nada?
Su designación coincide, además, con un momento simbólicamente potente: horas después de un incendio en una de las principales refinerías del país. El mensaje que recibe la ciudadanía es el de una empresa en crisis, que responde con cambios administrativos en lugar de asumir responsabilidades estructurales.
Lo que la ciudadanía debe exigir
Más allá de los nombres, el debate debe centrarse en el tipo de empresa pública que queremos. Petroecuador no puede seguir siendo un espacio opaco, controlado por círculos de poder.
La ciudadanía tiene el derecho y el deber de exigir:
- Saber cómo se seleccionan los gerentes,
- Acceder a la lista de contratos firmados y en ejecución,
- Exigir evaluación pública de los proyectos estratégicos,
- Solicitar auditorías externas e independientes sobre los procesos clave.
Y, sobre todo, participar en una conversación más amplia sobre el futuro de nuestros recursos energéticos.
Petroecuador necesita más que un nuevo nombre
El problema no es Bruns, ni fue Concha, ni Jiménez. El problema es la falta de una institucionalidad robusta, capaz de resistir los intereses partidistas y operar como una empresa pública moderna, eficiente y transparente.
Mientras el país continúe tolerando que sus empresas estratégicas se manejen con lógica electoral y sin evaluación técnica, ningún gerente logrará revertir los problemas estructurales. El verdadero cambio no está en el escritorio del nuevo gerente. Está en la voluntad política de reformar de raíz el modelo de gestión pública y, más aún, en una ciudadanía que no se conforme con comunicados, sino que exija respuestas, resultados y responsabilidad.
¿Estamos dispuestos, como sociedad, a exigir una transformación real en la forma en que se manejan nuestras empresas públicas, o seguiremos aceptando el cambio de nombres como si fuera una solución de fondo?
Escrito por: Carol Quimi