En los últimos años, la minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en un fenómeno estructural que amenaza la estabilidad del Estado ecuatoriano. Su crecimiento descontrolado ha hecho de esta práctica una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, generando violencia, corrupción y una devastación ambiental sin precedentes.
Actualmente, esta actividad representa aproximadamente el 25 % de la producción minera nacional y se encuentra presente en 19 de las 24 provincias del país. Las zonas más afectadas incluyen regiones amazónicas, fronterizas y áreas protegidas como el Parque Nacional Sumaco-Galeras.
Solo en 2023, Ecuador perdió más de 1.300 millones de dólares debido a exportaciones ilegales de oro. Además, la minería ilegal evade impuestos, incumple normas ambientales y laborales, y alimenta una economía paralela que socava la institucionalidad del Estado.
La emboscada en Alto Punino
El 9 de mayo de 2025 ocurrió uno de los episodios más trágicos de la historia reciente. Un grupo de 80 soldados de la Brigada de Selva N.º 19 “Napo” patrullaba la parroquia Dayuma, en el cantón Francisco de Orellana. El objetivo era reconocer una zona dominada por grupos dedicados a la minería ilegal.
Durante la operación, hombres armados —al parecer del grupo Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC— emboscaron a los militares usando explosivos, fusiles de asalto y granadas. El ataque dejó once soldados muertos y un herido. También murió un presunto miembro del grupo criminal.
Alto Punino se ha convertido en un punto crítico por su alta concentración de oro y su cercanía a la frontera con Colombia, lo que facilita las operaciones transnacionales del crimen organizado.
Un conflicto armado que va en aumento
Este no ha sido el único episodio violento relacionado con la minería ilegal en la Amazonía. En años anteriores ya se habían reportado enfrentamientos entre mineros ilegales y fuerzas del orden, así como agresiones a defensores del medio ambiente.
Estos grupos criminales no solo dominan territorios, sino que también logran infiltrarse en comunidades locales y corromper autoridades. La emboscada muestra su nivel de organización: planifican, conocen el terreno y cuentan con armamento avanzado.
La operación militar buscaba recuperar la soberanía sobre un territorio dominado por actores ilegales. Sin embargo, el Estado aún no logra establecer un control efectivo en estas zonas.
Consecuencias económicas: millones en pérdidas
La minería ilegal genera enormes pérdidas económicas para el país. El Estado no solo deja de recaudar impuestos, sino que debe invertir recursos para enfrentar las secuelas sociales, sanitarias y ambientales de esta actividad ilícita.
Además, esta práctica contribuye al lavado de activos y financia otras redes delictivas. En regiones como Alto Punino, se ha convertido en una forma de control territorial que desafía directamente la soberanía nacional.
Comunidades desplazadas y sin alternativas
Las comunidades cercanas a las zonas mineras viven bajo amenazas constantes de grupos armados. Muchas personas han sido desplazadas, mientras otras se ven obligadas a trabajar en condiciones informales y precarias.
La mayoría de estos trabajadores son pobladores locales o migrantes internos que, sin oportunidades económicas, terminan expuestos a químicos tóxicos, explotación y violencia.
El impacto ambiental: contaminación y destrucción
Desde 2019, la minería ilegal ha deforestado más de 1.400 hectáreas en Alto Punino. Ríos como el Punino y el Coca, vitales para la biodiversidad y la vida humana, están gravemente afectados.
El mercurio utilizado para extraer oro contamina el agua y se acumula en los peces. Las comunidades que consumen estos alimentos enfrentan riesgos severos de salud, sobre todo mujeres embarazadas y niños, quienes presentan trastornos neurológicos y respiratorios.
¿Qué está haciendo el gobierno ecuatoriano?
La muerte de once militares debería marcar un antes y un después. No obstante, el ataque evidencia las debilidades del Estado en inteligencia, planificación y control territorial.
El presidente Daniel Noboa declaró a los soldados héroes nacionales y decretó tres días de luto. Afirmó que se haría justicia, pero hasta el momento no se han anunciado avances concretos en la investigación ni detenciones relevantes.
La respuesta estatal ha sido simbólica y reactiva, mientras la minería ilegal sigue creciendo con la complicidad de ciertos actores locales y la falta de acciones sostenidas.
Una estrategia integral es urgente
El sacrificio de estos once soldados no puede quedar en el olvido. Ecuador necesita una estrategia integral que vaya más allá de los operativos militares. Hace falta fomentar el desarrollo económico alternativo, fortalecer las instituciones y asumir un compromiso político real con la seguridad y la justicia.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los militares caídos. Ellos dieron su vida por defender un país que aún no logra proteger a quienes lo sirven ni a sus recursos naturales.
Es momento de reflexionar como sociedad: ¿Queremos seguir tolerando una economía basada en el crimen y la destrucción ambiental? ¿O estamos listos para exigir un Ecuador más justo, más seguro y verdaderamente soberano?
Escrito por: Alisson Inaquiza