Tras su reciente victoria electoral, el presidente Daniel Noboa ha comenzado a impulsar con más fuerza una propuesta que ya había asomado en su primer mandato: la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Su objetivo, dice, es “modernizar” el Estado y corregir lo que considera vacíos de la actual Carta Magna que, a su juicio, favorece a los criminales y limita al Ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado.
La sede elegida para este nuevo proceso sería Riobamba, una ciudad con alto valor simbólico en la historia constitucional del país, puesto que allí se redactó la primera Constitución del Ecuador en 1830, poco después de la separación de la Gran Colombia. La última Asamblea Constituyente se llevó a cabo en Montecristi en 2008, bajo el gobierno de Rafael Correa, y dio como resultado la Constitución vigente. Ese proceso fue impulsado con una fuerte carga ideológica progresista y un enfoque de derechos colectivos, sociales y ambientales.
¿Cómo se convoca una Asamblea Constituyente?
En Ecuador, el presidente no puede convocar directamente a una Asamblea Constituyente por decreto. El proceso está regulado por el artículo 444 de la Constitución y requiere varios pasos:
- El presidente debe presentar un decreto motivado solicitando la convocatoria.
- Ese decreto debe ser enviado a la Corte Constitucional, que revisa si cumple los requisitos formales y justifica adecuadamente la necesidad de una nueva Constitución.
- Si la Corte aprueba, se habilita al Ejecutivo a convocar una consulta popular.
- En dicha consulta, la ciudadanía decidirá con su voto si quiere o no iniciar un proceso constituyente.
Si gana el “sí”, se llama a elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. Estos serán ciudadanos elegidos por voto popular, bajo un diseño electoral que aún no ha sido definido, pero que probablemente incluiría listas provinciales, nacionales e incluso sectoriales, como ocurrió en Montecristi.
Otros caminos alternativos para llamar a una Constituyente —como la propuesta desde la Asamblea Nacional o por iniciativa ciudadana— también son legales, pero Noboa ha dejado claro que su intención es liderar el proceso desde el Ejecutivo.
Postura del gobierno y sus aliados
Desde el Ejecutivo, figuras como el ministro de Gobierno, José De La Gasca, han defendido públicamente la idea de una nueva Constitución, calificando la actual de “decadente” e inadecuada para los desafíos actuales. Según el oficialismo, el país necesita herramientas más sólidas para enfrentar al crimen organizado, fortalecer la institucionalidad y rediseñar el sistema de control del poder judicial.
La propuesta también contempla cambios en la designación de autoridades de control, un tema controversial en los últimos años. Noboa afirma que el país necesita una Constitución “moderna, funcional y enfocada en resultados”.
Oposición política y social
La reacción de la oposición ha sido mayoritariamente crítica. Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, acusó a Noboa de incoherente:
“Gastó 60 millones en una consulta que no cambió nada, y ahora quiere una nueva Constitución como si eso fuera la solución mágica”, declaró recientemente.
Desde los movimientos sociales, representantes como Delfín Buelva, presidente de la Federación del Seguro Campesino, han expresado su temor de que una nueva Carta Magna sirva para desmontar derechos colectivos como la educación gratuita, la salud pública o incluso la justicia indígena.
Constitucionalistas como Luis Poma advierten que el problema del Ecuador no es su Constitución, sino el incumplimiento de la misma. Para él, el riesgo está en que se redacte una Carta Magna “a la medida del gobernante de turno”.
¿Qué temas se tratarían en la nueva Constitución?
Hasta el momento, el gobierno no ha presentado un plan detallado sobre el contenido específico que tendría la nueva Constitución. Sin embargo, por las declaraciones públicas, se puede inferir que algunos de los ejes temáticos serían:
- Reestructuración del sistema judicial
- Reforma del sistema de designación de autoridades de control
- Ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interna
- Revisión del papel de la Corte Constitucional
- Fortalecimiento del poder del Ejecutivo en situaciones de emergencia
- Rediseño del modelo político y administrativo del Estado
También se ha especulado sobre posibles cambios en el sistema de seguridad social, como un eventual aumento de la edad de jubilación, aunque el gobierno no ha confirmado ninguna medida en ese sentido.
Temores desde la oposición y la sociedad civil
Los temores sobre el proceso constituyente giran en torno a tres grandes ejes:
- Concentración de poder: Se teme que la nueva Constitución favorezca al Ejecutivo, debilitando los mecanismos de control y la separación de poderes.
- Retrocesos en derechos: Líderes sociales advierten que podrían eliminarse o reducirse derechos garantizados en la Constitución de 2008, como la gratuidad de la educación y la salud, la justicia indígena o los derechos laborales.
- Uso político del proceso: Algunos analistas ven en la Constituyente una posible vía para cambiar las reglas del juego político, como los límites a la reelección, o para consolidar el poder de Noboa en el mediano plazo.
¿Constitución necesaria o instrumento de poder?
A estas alturas, el debate no es solo jurídico ni político: es profundamente social. La idea de cambiar la Constitución puede sonar atractiva en un país cansado de la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Pero la historia regional ha demostrado que los procesos constituyentes también pueden ser usados para concentrar poder, debilitar derechos o reescribir el juego democrático a conveniencia del gobernante.
¿Debe el país confiar en que esta vez será diferente? ¿Está la ciudadanía dispuesta a entregar ese grado de poder en blanco a una nueva Asamblea Constituyente?
La propuesta está sobre la mesa. Ahora, le toca al pueblo decidir si quiere reescribir las reglas del juego… o si, en realidad, lo que hace falta es cumplirlas.
Escrito por: Alisson Inaquiza