En la última década, Ecuador ha experimentado una profunda transformación en su panorama de seguridad. Los homicidios se dispararon de 14,7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a un alarmante 47,2 en 2023. Aunque en 2024 hubo una leve reducción del 7,42 %, esta sigue siendo la segunda peor tasa de muertes violentas en la historia del país. Solo entre enero y febrero de este año se registraron 1.091 homicidios, lo que equivale a un promedio de 25 asesinatos diarios.
Estas cifras revelan una violencia generalizada, atribuida principalmente a la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico y al debilitamiento de las instituciones de justicia. Las zonas más afectadas incluyen ciudades costeras como Guayaquil, Durán y Esmeraldas, que se han convertido en epicentros de conflicto entre bandas rivales.
Este incremento en los niveles de violencia no es un fenómeno exclusivo de Ecuador. Países como México, Colombia y El Salvador también han enfrentado crisis similares. En Colombia, la implementación del acuerdo de paz con las FARC en 2016 y el fortalecimiento de la inteligencia policial han contribuido a reducir los homicidios, aunque aún persisten grupos armados ilegales. En México, el modelo de seguridad ha sido más complejo, con una política militarizada que ha generado controversias y resultados mixtos.
Por otro lado, El Salvador ha adoptado un modelo de mano dura bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, caracterizado por la construcción de megacárceles y una amplia presencia militar en las calles. Esta estrategia ha reducido drásticamente la criminalidad, aunque ha sido duramente criticada por sus efectos sobre los derechos humanos.
Ecuador ha comenzado a aplicar algunas medidas inspiradas en estos modelos regionales, adaptándolas a su realidad. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales, lo que permitió un despliegue más amplio de las Fuerzas Armadas. Además, se han ejecutado múltiples estados de excepción en zonas críticas y se estableció el denominado “Bloque de Seguridad”, que coordina la acción de militares, policías y ministerios estratégicos.
Una de las medidas más polémicas fue la contratación de mercenarios extranjeros especializados en seguridad penitenciaria, con el objetivo de recuperar el control de las cárceles, utilizadas como centros de operación del crimen organizado. Aunque el gobierno sostiene que esta estrategia acelerará la profesionalización de las fuerzas del orden, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de transparencia en los contratos y la supervisión de estas fuerzas externas. La presencia de actores militares privados también genera interrogantes sobre la soberanía nacional y el respeto a los derechos ciudadanos.
En el ámbito internacional, Ecuador ha intensificado su cooperación con países como Estados Unidos y Colombia. Se han firmado convenios de inteligencia y apoyo logístico, además de programas de capacitación y dotación tecnológica. La incautación récord de 278 toneladas de droga en 2024 evidencia el impacto de estas alianzas.
Asimismo, se está fortaleciendo a la Policía Nacional con nuevos recursos, vehículos y equipos tecnológicos de rastreo. No obstante, estos avances se han visto empañados por reiteradas denuncias de corrupción en diversos sectores del gobierno. Paralelamente, se están reformando normativas legales para garantizar procesos judiciales más eficaces contra los delitos de alto impacto. A pesar de los esfuerzos, condiciones estructurales como la pobreza, el desempleo y la corrupción continúan siendo barreras significativas para consolidar la seguridad.
Si bien el control militar y la represión pueden ofrecer resultados inmediatos, existe el riesgo de que estas medidas deriven en abusos de poder o una dependencia excesiva del uso de la fuerza. El verdadero desafío para Ecuador es encontrar un equilibrio entre seguridad y democracia, fortaleciendo las instituciones civiles, promoviendo la justicia social y garantizando la transparencia.
La experiencia de otros países demuestra que la salida a la violencia no es únicamente policial, sino integral. Es momento de que Ecuador trace su propio camino con una visión a largo plazo, aprendiendo de sus vecinos y escuchando a su población. Ante este panorama complejo, es fundamental invitar a la ciudadanía y al gobierno a reflexionar sobre qué tipo de modelo de seguridad resulta más sostenible.
Ecuador puede adoptar estrategias que ya han demostrado ser efectivas. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención del delito, se podría incrementar el número de programas sociales en comunidades vulnerables, especialmente en Guayaquil y Esmeraldas, donde los niveles de violencia juvenil son alarmantes.
No debe descuidarse el presupuesto destinado a educación y cultura, ya que la ONU considera este tipo de estrategias como una herramienta clave para reducir la violencia. Estos esfuerzos buscan contrarrestar el poder económico y territorial de las bandas delictivas.
A nivel regional, Ecuador se ha sumado al bloque de países que promueven una política de seguridad hemisférica. En 2025 firmó nuevos acuerdos con Perú y Colombia para el patrullaje conjunto de fronteras, y se espera concretar un sistema de alerta temprana compartido. Estos esfuerzos demuestran que la lucha contra el crimen transnacional requiere una respuesta coordinada más allá de las fronteras. Además, el apoyo técnico de agencias como la DEA y Europol ha sido clave en operaciones de inteligencia.
Finalmente, es crucial que el debate sobre seguridad no se limite únicamente a las estadísticas ni a la presencia militar en las calles. Se necesita una conversación profunda sobre el tipo de sociedad que Ecuador quiere construir. ¿Qué se está haciendo para garantizar una justicia equitativa? ¿Cómo se protege a las víctimas y testigos? Estas preguntas deben guiar las decisiones futuras, más allá de los ciclos electorales o las crisis inmediatas.
Escrito por: Alisson Inaquiza