Recientemente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social eliminó de forma abrupta acuerdos que garantizaban la atención a adultos mayores y a niños, niñas y adolescentes en la provincia de Pichincha. Esta decisión ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre quienes abogan por los derechos de los grupos más vulnerables.
Andrei Iza Romero, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE), ha sido una de las voces que ha alzado la alarma. «Si nosotros como autoridades no ponemos en debate público lo que está pasando con los adultos mayores y los niños, el Gobierno no hace absolutamente nada», afirmó, subrayando la necesidad de visibilizar las problemáticas que enfrentan estas poblaciones.
La eliminación de estos acuerdos no solo representa un retroceso en la atención a quienes más lo necesitan, sino que también pone en riesgo la dignidad y calidad de vida de adultos mayores, niños y adolescentes. Estos grupos son fundamentales para el tejido social y merecen recibir apoyo y protección adecuados para asegurar su bienestar.
Es crucial que la sociedad civil, autoridades locales y organismos de derechos humanos se unan para exigir al Gobierno que reconsidere esta decisión y restablezca los acuerdos necesarios para garantizar una vida digna. La inversión en políticas inclusivas es esencial no solo para el desarrollo individual de estos grupos, sino también para el progreso de toda la comunidad.
Un llamado a la acción es urgente. No podemos permitir que la falta de atención y recursos afecte el futuro de nuestros niños y el bienestar de nuestros ancianos. Una vida digna es un derecho fundamental que debemos defender y promover. La voz de la comunidad es poderosa y puede influir en la toma de decisiones.