Este viernes 30 de mayo de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador sesionó para llevar a cabo el primer debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, una iniciativa enviada con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa. Esta ley, considerada clave dentro del paquete de medidas del Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad, tiene como propósito principal debilitar las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado, mediante mecanismos legales, tributarios y penales.
La discusión en el Pleno giró en torno a la necesidad de contar con herramientas jurídicas que permitan al Estado actuar con firmeza frente al conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo, así como al reto de armonizar las garantías constitucionales con medidas excepcionales de seguridad. La Comisión de Desarrollo Económico reformuló la Ley de Solidaridad Nacional —anteriormente denominada Ley de Economías Criminales— y redujo su contenido de 32 a 14 artículos para facilitar su tratamiento sin alterar su esencia, según confirmó su presidenta, Valentina Centeno (ADN).
¿En qué consiste la Ley de Solidaridad Nacional?
El proyecto plantea reformas en varios frentes. Desde el punto de vista penal, propone la incorporación de tipos penales específicos para grupos armados organizados, otorgando al Estado una herramienta para tipificar y sancionar con mayor rigor a los cabecillas y colaboradores de organizaciones criminales. A nivel económico, se establece la deducción del Impuesto a la Renta para las empresas que realicen donaciones destinadas a apoyar la lucha contra el crimen organizado. Además, se otorgan mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), institución clave para rastrear flujos financieros irregulares y congelar activos presuntamente de origen ilícito.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque en el contexto del conflicto armado interno. Esto permite dotar de un marco legal especial a las operaciones del Estado contra grupos criminales estructurados como Los Choneros, Los Lobos y otras bandas declaradas como beligerantes. El asambleísta Esteban Torres (ADN) sostuvo que “momentos extraordinarios requieren acciones contundentes”, justificando el uso de elementos del derecho penal del enemigo en este contexto.
Posturas expresadas en el debate
Durante la sesión intervinieron legisladores de distintas bancadas. La mayoría coincidió en la urgencia de enfrentar con firmeza a las bandas criminales que han sembrado el miedo y la violencia en el país, aunque no todos estuvieron de acuerdo con el enfoque propuesto por el Ejecutivo.
Steven Ordóñez hizo un llamado a la unidad nacional, indicando: “La gente nos pide seguridad, entonces vamos a trabajar en seguridad”, y añadió que el dinero incautado al crimen organizado debe utilizarse en beneficio de todos los ecuatorianos. Diego Salas (RC5), por su parte, relató el aumento de muertes violentas en su provincia, El Oro, y en territorios fronterizos. Aseguró que, aunque han existido esfuerzos legislativos en el pasado, estos no han logrado contener la expansión de la delincuencia organizada. Salas enfatizó: “Quiero ser claro, frontal y justo: este no es el primer intento. Han pasado muchas leyes para frenar la delincuencia organizada. Sin embargo, vivimos en un país de inseguridad”.
Diego Francook, otro legislador que participó, fue tajante al señalar que no se puede combatir a grupos armados en conflicto interno con normas diseñadas para tiempos de paz. Enfatizó que esta ley rompe con las estructuras de financiamiento del crimen, marcando un giro legal importante. Otros asambleístas también insistieron en que el proyecto incluye beneficios como el fortalecimiento de la justicia penal, el equipamiento de las fuerzas del orden, la sinergia entre ciudadanía y Estado, y un indulto anticipado a miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas que enfrentan procesos por su accionar en contextos de seguridad.
Tensiones en la Revolución Ciudadana
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) ha mostrado una postura crítica frente al proyecto. Si bien reconocen la gravedad del actual contexto de violencia, cuestionan el uso extensivo del derecho penal del enemigo y la concentración de facultades en el Ejecutivo. Han presentado observaciones técnicas y jurídicas, y existe la posibilidad de que propongan un texto alternativo, aunque esto no ha sido formalmente confirmado al cierre del debate.
Al interior de RC5 se viven tensiones: el legislador Sergio Peña fue expulsado de la bancada luego de expresar públicamente su apoyo a la Ley de Solidaridad Nacional. Este hecho pone en evidencia fracturas internas y un creciente debate entre la disciplina partidaria y la postura individual de los legisladores frente a temas sensibles como la seguridad.
El debate reflejó una fuerte polarización política en la Asamblea. Mientras el oficialismo (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y algunas facciones de Pachakutik respaldan la ley como un instrumento urgente y necesario, la oposición plantea reparos constitucionales, políticos y sociales. El conflicto armado interno y la necesidad de soluciones concretas en materia de seguridad han generado una narrativa de urgencia que divide profundamente al Legislativo.
La ciudadanía, expectante ante la ola de violencia, observa con atención si la Asamblea podrá responder con altura y unidad frente a un desafío de esta magnitud. El futuro de la Ley de Solidaridad Nacional dependerá no solo del número de votos en el segundo debate, sino también del grado de consenso que se logre en las próximas sesiones para introducir las observaciones necesarias y garantizar un marco legal legítimo y aplicable.
Resultados de la sesión del 30 de mayo
Al cierre del primer debate, el asambleísta Ferdinan Álvarez mocionó aprobar la resolución relacionada con el Informe Jurídico IJ-CGAJ-2025-2029-0001, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional. La moción fue aprobada por unanimidad. Conforme al procedimiento reglamentario, se solicitó la reconsideración de la votación; no obstante, el pedido no procedió y lo votado quedó en firme. La Comisión de Desarrollo Económico tiene ahora un plazo de cinco días para presentar el informe para el segundo debate, el cual deberá incluir las observaciones formuladas por los asambleístas.
Escrito por: Alisson Inaquiza