El derecho que el Gobierno busca reformar en Ecuador
¿Estamos frente a la desaparición de uno de los pocos beneficios que han sobrevivido del antiguo Código del Trabajo?
La jubilación patronal, uno de los derechos laborales más antiguos en Ecuador, podría estar llegando a su fin o, al menos, enfrentarse a una transformación profunda.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha presentado una propuesta de reforma que busca eliminar o redefinir esta obligación empresarial. Esta medida forma parte de un paquete más amplio de reformas laborales, que según el Ejecutivo, pretende modernizar el mercado laboral y fomentar la contratación.
¿Qué es la jubilación patronal y cómo funciona hoy?
La jubilación patronal es un beneficio económico que el empleador debe entregar al trabajador que haya cumplido al menos 25 años de servicio continuo en una misma empresa y que ya recibe su pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Este derecho, contemplado en el Código del Trabajo, busca compensar la lealtad y los años de servicio del empleado. El monto varía según el último salario y el tiempo trabajado.
No obstante, en la práctica se ha vuelto poco común. La alta rotación laboral, los contratos eventuales y la tercerización han reducido los casos en que los trabajadores cumplen ese tiempo en una sola empresa. A pesar de ello, sigue siendo una obligación legal y financiera para aquellas compañías con empleados de larga trayectoria.
¿Qué propone el Gobierno?
Aunque el proyecto aún no ha llegado oficialmente a la Asamblea Nacional, el Gobierno plantea eliminar la jubilación patronal para nuevos contratos. Es decir, los trabajadores contratados después de la aprobación de la ley ya no generarían este derecho.
La intención es flexibilizar el régimen laboral, eliminar barreras para la contratación y reducir los costos del empleo formal.
De hecho, un análisis de la Cámara de Industrias y Producción estima que el costo de una jubilación patronal puede superar los 30.000 dólares por trabajador en ciertos sectores. Según el Ejecutivo, esto desincentiva el empleo de largo plazo, especialmente en un contexto económico incierto.
Eficiencia, empleo y sostenibilidad empresarial
Desde el sector empresarial, la propuesta representa una oportunidad para modernizar lo que consideran un sistema «arcaico». Argumentan que ya no es común que alguien permanezca 25 años en el mismo empleo.
Además, muchos empresarios creen que esta obligación dificulta la contratación de personas mayores de 40 años, ya que aumenta el riesgo futuro de pagar jubilaciones patronales. Eliminar la figura, por tanto, podría facilitar la inclusión laboral de trabajadores con más experiencia.
El Gobierno también señala que el IESS ya otorga una pensión estatal, y que no resulta viable imponer a las empresas una carga paralela sin una fuente específica de financiamiento. Aclara, además, que esta medida no afectará a quienes ya tienen el beneficio reconocido o en trámite.
Derechos laborales y falta de diálogo
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas en sectores sindicales y laborales. Muchas organizaciones consideran que se trata de un intento más por precarizar el empleo y desmontar derechos históricos bajo el argumento de “modernización”.
Expertos en derecho laboral advierten que eliminar la jubilación patronal para nuevos trabajadores podría generar una desigualdad dentro de las empresas: algunos empleados conservarían el beneficio y otros no. Esto podría abrir la puerta a demandas por discriminación o trato desigual.
También se cuestiona la falta de diálogo. Hasta ahora, no ha existido una socialización amplia del proyecto ni un verdadero diálogo tripartito entre Gobierno, trabajadores y empleadores, como lo exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿Qué opinan los trabajadores y los empleadores?
Las opiniones entre los trabajadores están divididas. Algunos defienden la jubilación patronal como un derecho que debe mantenerse. Otros, sobre todo los más jóvenes, la ven como un beneficio inalcanzable en las condiciones actuales del mercado.
Por su parte, muchos empleadores —especialmente los pequeños y medianos— sostienen que la figura representa un riesgo económico difícil de anticipar. Por ello, prefieren esquemas más flexibles de compensación por tiempo de servicio.
¿Qué viene ahora?
El Gobierno ha anunciado que enviará la reforma a la Asamblea Nacional en las próximas semanas. Sin embargo, en un Legislativo fragmentado y polarizado, su aprobación no está garantizada.
La eliminación de la jubilación patronal podría convertirse en un punto de quiebre entre bancadas y en un nuevo eje de movilización social.
Por ahora, lo único claro es que se abre un nuevo debate sobre el futuro del trabajo en Ecuador.
La pregunta de fondo no es solo si debe desaparecer la jubilación patronal, sino qué tipo de sistema laboral queremos construir: uno que privilegie la estabilidad y los derechos, o uno que apueste por la flexibilidad y la competitividad.
En ese dilema se juega no solo una reforma más, sino el pacto social que sostendrá al país en los próximos años.
Escrito por: Carol Quimi