¿Cuántas veces más debemos encender una vela en memoria de una mujer asesinada por el simple hecho de serlo?
Ecuador arrastra una herida profunda que no cesa de sangrar. La violencia femicida no es meramente una palabra en titulares; es una cruda realidad que atraviesa barrios, familias y generaciones. El 2025 llegó con nuevas cifras, pero también con las mismas deudas pendientes: justicia, prevención y verdad.
La trampa de los números, según los registros oficiales del Estado ecuatoriano, hasta el 26 de enero de 2025 se reconocen 5 femicidios. A primera vista, podría pensarse que hay una mejora con respecto al año anterior, cuando en enero de 2024 se reportaron 11. Pero esa lectura sería tan peligrosa como ingenua.
La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), mediante un monitoreo independiente, documentó más de 40 femicidios tan solo en el primer mes de este año. La discrepancia no es nueva: el Estado contabiliza únicamente los casos judicialmente tipificados como femicidio. En cambio, ALDEA incluye asesinatos de mujeres con evidencia clara de violencia de género, incluso si la justicia aún no los reconoce como tales. La tipificación puede tomar semanas o incluso meses. Para cuando la cifra oficial se publica, muchas otras mujeres ya han sido asesinadas.
Esta diferencia entre las cifras no es una cuestión técnica, es un reflejo de cómo el sistema aún falla en nombrar la violencia por lo que realmente es. Y si no se nombra, no se actúa.
Más que un número: las vidas detrás de las estadísticas. En 2024, Aldea registró 274 femicidios. De ellos, más de 120 ocurrieron en contextos de criminalidad organizada, y otros 126 fueron femicidios íntimos o familiares. Además, 14 víctimas eran mujeres trans, cuyos asesinatos aún enfrentan mayores barreras para ser reconocidos oficialmente como crímenes de odio.
El femicidio no respeta clases sociales ni edades. En 2024, las víctimas tenían entre 1 y 83 años. Algunas eran niñas, otras mujeres mayores. Algunas estaban embarazadas. 79 eran madres, y con su muerte dejaron a al menos 131 niños, niñas y adolescentes en la orfandad. En 11 casos, las mujeres asesinadas esperaban un bebé. El impacto del femicidio no termina con la muerte de una mujer. Se extiende a las familias, a las comunidades, a generaciones enteras.
Zonas rojas: donde ser mujer es aún más peligroso
Las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas concentran la mayoría de los casos. No es coincidencia. Estas zonas comparten factores que agravan la violencia: desigualdad estructural, conflictos territoriales, y presencia de bandas criminales. La violencia de género, en estas provincias, no solo se manifiesta dentro del hogar, sino también como parte de dinámicas delictivas donde el cuerpo y la vida de las mujeres se utilizan como advertencia, venganza o castigo.
En estas circunstancias, la protección del Estado se vuelve casi simbólica. 23 de las víctimas ya habían denunciado previamente a sus agresores, y al menos cuatro contaban con medidas de protección vigentes al momento de ser asesinadas. Medidas que, a todas luces, no fueron suficientes.
¿Quiénes matan? ¿Y por qué sigue permitiendo en el país? En más de un tercio de los casos, los femicida son o eran parejas o exparejas de las víctimas. Hombres que alguna vez compartieron un hogar, una historia o un vínculo emocional. El 2024 dejó además 12 casos donde el agresor se suicidó tras cometer el crimen. Lo que muchos ven como un acto de desesperación, en realidad suele ser parte del mismo ciclo de violencia: controlar hasta el final, incluso en la muerte. La violencia no nace de la nada. Es sembrada por un sistema que todavía culpa a las víctimas, que desconfía de sus testimonios, y que responde con trámites burocráticos en lugar de acciones urgentes.
Es alimentada por discursos que minimizan el feminismo, que ridiculizan la lucha por la igualdad, que promueven una falsa “neutralidad” ante un problema que claramente tiene género. La meta que no se alcanzan y parece cada vez más lejana. La Estrategia Nacional de Erradicación de la Violencia de Género se propuso una meta ambiciosa para el 2025: reducir la tasa de femicidios de 1,14 a 0,8 por cada 100.000 mujeres. Eso equivaldría, en la práctica, a un máximo de 73 casos anuales.
Pero si tomamos como referencia los 41 casos que ALDEA reportó en enero, y esa cifra se mantuviera cada mes, cerraríamos el 2025 con más de 400 femicidios. Una cifra que no solo supera el promedio de años anteriores, sino que evidencia que las políticas implementadas hasta ahora no están funcionando. Y mientras tanto, el Estado sigue sin responder con la contundencia que la crisis exige.
El silencio también mata, desde la inclusión del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014, el Estado ha reconocido 812 casos oficialmente. Pero el Observatorio de Femicidios en Ecuador registra 1.980 casos en ese mismo periodo. Una diferencia de más de 1.100 muertes no reconocidas.
Esa fisura no es un simple error administrativo. Es una falta de respeto con la verdad, con las víctimas y con sus familias. Es, también, una forma de violencia institucional: callar, minimizar, invisibilizar. Cada cifra negada es una mujer olvidada. Cada caso no tipificado es una historia que no se contará en los tribunales. Mientras esas cifras no sean asumidas en su totalidad, el país seguirá arrastrando una deuda histórica con las mujeres asesinadas y con las que aún luchan por sobrevivir.
Y ahora qué pasa en lo que va el 2025, apenas empieza, pero la tendencia ya es alarmante. Y la respuesta no puede seguir siendo esperar a que los números bajen solos. Prevenir no es solo hablar de género en las aulas, también es capacitar a jueces, fiscales y policías. Es garantizar refugios seguros, asesoría legal, apoyo psicológico. Es actuar antes del golpe, antes de la amenaza, antes del disparo.
Ecuador no puede seguir normalizando la muerte de mujeres como si fueran cifras más en una hoja de Excel. No podemos permitir que se sigan apagando vidas mientras el Estado ajusta definiciones y espera tipificaciones judiciales. Porque cada mujer asesinada no solo es una víctima más, es una prueba más de que algo no estamos haciendo bien.
Escrito por: Nicole Murillo