El Gobierno de Daniel Noboa anunció el 2 de junio de 2025 una medida que promete transformar la estructura financiera y productiva del sector atunero industrial en Ecuador: la eliminación del subsidio al diésel. Este subsidio, que durante el año 2024 representó un costo de USD 42 millones para el Estado, benefició en gran medida a solo 29 empresas, que consumieron el 60 % de los fondos destinados a este sector.
¿Es esta decisión una respuesta necesaria a un sistema ineficiente, o podría comprometer el futuro de una de las principales industrias del país? A continuación, se exploran las implicaciones de este anuncio y lo que podría significar para Ecuador.
Un sistema desigual y costoso
El subsidio al diésel ha sido un tema controvertido durante años. Entre 2022 y 2024, el Estado destinó USD 211 millones para apoyar al sector atunero industrial. Sin embargo, el 60 % de este beneficio quedó en manos de unas pocas grandes empresas, lo que generó cuestionamientos sobre la equidad en la distribución de los recursos. “El sector tiene la capacidad de pagar el diésel sin subsidio”, afirmó Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, durante el anuncio oficial.
Esta medida, que no afecta a los pescadores artesanales, busca corregir una distorsión económica que, según el Gobierno, perjudica las finanzas públicas y perpetúa desigualdades dentro del sector productivo.
Compensaciones y adaptación empresarial
Conscientes de los retos que implica esta transición, las autoridades han diseñado un plan de apoyo para mitigar el impacto. El Banco del Pacífico, con respaldo de la Corporación Financiera Nacional (CFN), ofrecerá líneas de crédito por hasta USD 42 millones, con una tasa de interés anual del 6% y garantías que cubrirán hasta el 75% del riesgo. Este programa busca facilitar la modernización de las flotas pesqueras y promover una mayor eficiencia operativa.
“No se trata solo de retirar un beneficio, sino de dar herramientas para que el sector evolucione hacia un modelo más competitivo y sostenible”, aseguró Jaramillo.
Impacto en las flotas y el mercado
Según datos de Petroecuador, las flotas atuneras y pesqueras son las únicas que utilizan diésel 2 y diésel prémium con subsidio. Actualmente, el Estado cubre USD 0,40 por galón de diésel 2 y USD 0,72 por galón de diésel prémium. Con la eliminación del subsidio, se espera un aumento en los costos operativos, lo que podría repercutir en el precio del atún y otros productos pesqueros, tanto en el mercado nacional como internacional.
El respaldo del FMI y las críticas locales
La medida también responde a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha instado a reducir los subsidios a los combustibles como parte de un plan más amplio para estabilizar la economía ecuatoriana. Sin embargo, los críticos argumentan que este tipo de decisiones podría debilitar la competitividad del sector frente a países vecinos como Perú y Colombia, donde los subsidios siguen vigentes.
Divisiones en la opinión pública
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos sectores celebran la medida como un acto de justicia económica, otros la consideran un golpe a una industria clave. La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) ha manifestado su preocupación por el impacto que podría tener en los empleos y la rentabilidad de las empresas. “Esto podría generar una crisis en el sector y afectar a miles de familias que dependen de esta industria”, afirmó un representante de CEIPA.
¿Qué camino elegirá Ecuador?
La eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero marca un punto de inflexión en la política económica de Ecuador. La decisión refleja un esfuerzo por equilibrar las finanzas públicas y promover una distribución más justa de los recursos. Sin embargo, también pone de manifiesto los retos que enfrenta el país para transitar hacia un modelo más sostenible y competitivo.
El futuro del sector atunero y de la economía ecuatoriana dependerá en gran medida de cómo se implementen estas políticas y de la capacidad de adaptación de las empresas afectadas. Por ahora, el debate está abierto y las miradas están puestas en las próximas acciones del Gobierno.
¿Será suficiente el paquete de compensaciones para evitar una crisis en el sector atunero? ¿Qué otros sectores podrían enfrentar medidas similares en el futuro?
Escrito por: Denisse Veliz