Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea. La pobreza afecta a más del 27 % de la población, mientras que el desempleo y el subempleo forman parte de la cotidianidad de millones de ciudadanos. La inseguridad no se queda atrás: esta se ha desbordado en las principales ciudades; Guayaquil, Durán y Esmeraldas figuran entre las más violentas de América Latina, producto del avance del crimen organizado y del narcotráfico.
A ello se suma una profunda inestabilidad política. Desde 2017, Ecuador ha pasado por cuatro procesos electorales presidenciales, lo que evidencia la fragilidad institucional que debilita aún más la confianza ciudadana y de los inversionistas. La dolarización, adoptada en el año 2000 como tabla de salvación, hoy en día se sostiene con pinzas en medio de presiones fiscales, devaluación de exportaciones y una creciente deuda pública. Además, la migración masiva de ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa en los últimos años refleja la desesperanza y la falta de oportunidades en el país. La percepción de inseguridad se ha generalizado, afectando incluso al turismo y reduciendo la inversión privada nacional y extranjera.
Un país endeudado hasta el cuello
En este panorama adverso, el gobierno de Daniel Noboa ha acudido nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de recursos frescos. En mayo de 2024, el FMI aprobó un nuevo acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por 48 meses y un monto total de 4.000 millones de dólares. Ecuador ya debía, antes de este acuerdo, cerca de 4.700 millones de dólares al Fondo. Con este nuevo préstamo, la deuda actual asciende a 8.705 millones de dólares, lo que convierte al país en el cuarto mayor deudor del FMI, solo superado por Argentina, Ucrania y Egipto.
La deuda con el FMI representa alrededor del 21 % de la deuda externa total, estimada en 48.360 millones hasta noviembre de 2024. Expertos económicos advierten que mantener este nivel de endeudamiento compromete la estabilidad financiera futura. Los pagos de intereses y amortizaciones representan ya más del 25 % del presupuesto anual, desplazando recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.
El endeudamiento no es reciente. Ecuador inició su historia moderna con el FMI en 1957, cuando enfrentó su primera gran crisis fiscal. Desde entonces, el país ha firmado más de 20 acuerdos con el organismo, muchos de ellos incumplidos o renegociados. Sin embargo, desde 2017, la deuda ha tenido un crecimiento explosivo: de aproximadamente 472 millones de dólares pasó a más de 8.700 millones en menos de una década, un aumento de más del 1.700 %.
Deuda creciente: un problema estructural
La razón detrás de este crecimiento exponencial no puede atribuirse únicamente a la mala suerte o a coyunturas externas. Ecuador enfrenta problemas estructurales graves como la dependencia excesiva del petróleo, un sistema tributario débil y altamente evasivo, subsidios energéticos insostenibles y un gasto público desproporcionado, que no siempre se traduce en inversión social de calidad.
Durante la pandemia de COVID-19, la economía nacional se contrajo un 7,8 %, agravando aún más la falta de liquidez. Los ingresos fiscales cayeron, mientras que las obligaciones de gasto aumentaron; áreas como salud pública, bonos de emergencia y seguridad ciudadana absorbieron buena parte del presupuesto.
Además, la corrupción y el clientelismo político minaron las bases de un manejo económico responsable. Casos como los hospitales públicos sobrevalorados, la compra de insumos médicos con sobreprecios durante la pandemia y la falta de sanciones efectivas mermaron aún más la confianza ciudadana y de los organismos multilaterales en la capacidad de gobernanza del país.
A largo plazo, la aplicación estricta de estas medidas podría estabilizar las finanzas públicas, pero a costa de un aumento significativo de la desigualdad y la pobreza. Los sectores más vulnerables difícilmente resistirán nuevos choques económicos sin un adecuado sistema de protección social.
Las condiciones del FMI
El acuerdo de 2024 no fue otorgado sin condiciones. Como es tradición, el FMI exige ajustes estructurales para garantizar la devolución de su dinero. En esta ocasión, los compromisos principales asumidos por Ecuador incluyen:
- El aumento del IVA del 12 % al 15 %.
- La eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles.
- Una estricta reducción del gasto público.
- Reformas orientadas a mejorar la recaudación tributaria.
Asimismo, se acordó una amnistía tributaria limitada para recuperar deudas fiscales antiguas. El propio FMI ha reconocido en revisiones internas que sus programas han fallado en varias ocasiones en América Latina, exacerbando crisis sociales y provocando protestas masivas. En Ecuador, la falta de inclusión de actores sociales en el diseño de las reformas también amenaza con repetir errores del pasado.
Estos ajustes tienen efectos inmediatos sobre la población. El aumento del IVA encarece productos básicos y servicios, afectando especialmente a los sectores de bajos ingresos. La eliminación de subsidios provoca aumentos en el precio de la gasolina y el diésel, elevando el costo de transporte y producción en general. Aunque el FMI presenta estas medidas como inevitables para lograr la sostenibilidad fiscal, el sacrificio recae principalmente sobre los ciudadanos de a pie.
Intervención del FMI y la respuesta gubernamental
El papel del FMI en países en desarrollo ha sido históricamente polémico. Si bien proporciona financiamiento necesario en momentos de crisis, también impone políticas que limitan la soberanía económica de las naciones. Ecuador no es la excepción. Las decisiones fiscales clave del país han pasado a ser supervisadas y aprobadas, en gran medida, por técnicos externos. Esta cesión de autonomía nacional es motivo de crítica no solo por sectores de izquierda, sino también por grupos patrióticos y economistas de diversas tendencias.
El gobierno de Daniel Noboa ha sido eficiente en asegurar el financiamiento, pero carece de un plan claro para garantizar que estos recursos sean bien utilizados. No existen, hasta la fecha, mecanismos robustos de control ciudadano o auditoría internacional que aseguren que el dinero no termine diluyéndose en corrupción o en gastos ineficientes.
Un llamado a la esperanza
En medio de este panorama sombrío, la salida no depende únicamente del Estado o de los organismos internacionales. El verdadero motor de cambio debe ser el esfuerzo colectivo de los ecuatorianos. Desde el pequeño emprendedor hasta el profesional, desde el agricultor hasta el estudiante, cada quien debe contribuir con su trabajo honesto y su compromiso con la legalidad y la ética.
La historia demuestra que los pueblos resilientes, que no se rinden ante la adversidad, pueden transformar su destino.
Ecuador tiene recursos naturales, capital humano talentoso y una ubicación geográfica privilegiada. El reto está en construir instituciones fuertes, reducir la corrupción y apostar por la educación y la innovación como pilares del desarrollo. Solo así podremos salir de este ciclo de dependencia y crisis, para construir un país donde la dignidad, el progreso y la soberanía sean una realidad para todos.
Escrito por: Alisson Inaquiza