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4.000 familias reciben indemnizaciones tras derrame en Esmeraldas

¿Qué ocurre cuando se pone en riesgo la vida de miles de familias? ¿Cómo se repara una herida ambiental que aún sangra en los esteros, ríos y costas de Esmeraldas?

El 13 de marzo de 2025, la provincia verde del Ecuador fue testigo de una de las peores catástrofes ambientales de su historia reciente. Un deslizamiento de tierra provocó la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), liberando más de 25.000 barriles de crudo en pleno corazón del cantón Quinindé. El desastre no solo manchó ríos y manglares: también desató una crisis humanitaria y sanitaria que aún mantiene en vilo a miles de familias esmeraldeñas.

Un desastre de gran magnitud

El derrame contaminó el estero Caple, el río Viche y el emblemático río Esmeraldas. Además, alcanzó zonas costeras y playas, impactando directamente los medios de vida de comunidades enteras que dependen de la pesca artesanal, el turismo y la agricultura. Más de 300.000 personas se quedaron sin acceso a agua potable ni servicios de saneamiento, generando un ambiente propicio para enfermedades y tensiones sociales. En muchos sectores rurales, la situación se volvió insostenible.

La falta de agua desencadenó protestas, amenazas y bloqueos. Familias enteras tuvieron que caminar kilómetros para conseguir agua limpia o depender de cisternas que, muchas veces, no llegaban a tiempo o en cantidad suficiente.

Reacción inmediata: estado de emergencia

Ante la magnitud del derrame, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia en los cantones de Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Rioverde. Esta medida permitió movilizar recursos, activar Comités de Operaciones de Emergencia (COE) y priorizar la atención a la población afectada.

Sin embargo, la respuesta inicial fue cuestionada. Aunque se activaron planes de distribución de agua, las deficiencias logísticas y la falta de coordinación entre niveles de gobierno provocaron retrasos y cobertura limitada. Las lluvias intensas y la situación de inseguridad en la provincia complicaron aún más la entrega de ayuda humanitaria.

Indemnización: un alivio económico en medio del caos

Como parte de las acciones gubernamentales, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 577, mediante el cual se ordenó que Petroecuador indemnice con 470 dólares equivalente al salario básico unificado a cada familia afectada.

Hasta el 11 de abril, 4.000 familias han recibido esta compensación económica, en un proceso articulado entre Petroecuador, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Petroecuador transfirió 2,1 millones de dólares en dos entregas (una de $700.000 y otra de $1,4 millones) para cubrir esta primera fase de pagos.

Según las autoridades, el objetivo es alcanzar a 7.000 familias. Los beneficiarios han sido seleccionados a través de registros territoriales, priorizando a quienes perdieron su fuente de ingresos o fueron desplazados por la contaminación directa.

Impacto social y ambiental

Los daños ambientales son evidentes. La presencia de petróleo en los cuerpos de agua ha afectado la biodiversidad local, los cultivos y la fauna marina. En los manglares, donde anidan diversas especies, las manchas negras aún persisten. La pesca artesanal se ha reducido drásticamente, afectando a cientos de familias que viven del mar. En el plano social, los problemas de salud no se hicieron esperar.

Organizaciones comunitarias reportaron un aumento de enfermedades gastrointestinales, afecciones respiratorias y erupciones en la piel. Los más vulnerables niños, personas mayores y personas con condiciones médicas preexistentes han sido los más afectados.

¿Y la remediación?

Aunque el gobierno ha hablado de planes de remediación ambiental y asistencia sanitaria, la población sigue esperando soluciones más allá de los $470. Organizaciones como la ONU y colectivos locales han señalado la necesidad de garantizar una recuperación integral y sostenible.

Expertos en medio ambiente sostienen que la remediación de suelos y fuentes hídricas podría tomar años, si no décadas, dependiendo del grado de absorción del crudo en el ecosistema. Mientras tanto, la vida diaria de comunidades enteras continúa marcada por la incertidumbre, el miedo y la frustración.

Críticas y demandas ciudadanas

Diversos actores sociales han señalado que la compensación económica, aunque bienvenida, es insuficiente frente a las pérdidas reales. “No se trata solo de dinero; se trata de vidas alteradas, proyectos truncados y sueños rotos”, comentó una lideresa comunitaria de Rioverde.

También se han levantado voces que exigen mayores controles a las operaciones de Petroecuador y la actualización de protocolos para responder a este tipo de emergencias. Algunos piden auditorías independientes y acompañamiento internacional para transparentar el proceso de reparación.

¿Puede repetirse un desastre así?

El SOTE es una infraestructura estratégica para el país, pero su antigüedad, ubicación en zonas de riesgo geológico y falta de mantenimiento adecuado han sido señaladas como factores clave en la tragedia. Organizaciones ambientales vienen alertando desde hace años sobre la vulnerabilidad de los oleoductos, pero estas advertencias no han sido debidamente atendidas.

Además, los efectos del cambio climático, como lluvias intensas y deslaves aumentan la probabilidad de nuevos accidentes. Si no se fortalecen las medidas preventivas, Ecuador podría enfrentar nuevas crisis ambientales similares en otras provincias.

Una herida que aún sangra

Esmeraldas, una tierra rica en cultura, biodiversidad y espíritu resiliente, hoy enfrenta una de sus pruebas más duras. El derrame del 13 de marzo no solo ensució sus ríos, también evidenció las profundas brechas estructurales que aún persisten en la gestión de riesgos, la atención humanitaria y el respeto a los derechos humanos.

El derrame de petróleo en Esmeraldas ha dejado una huella imborrable en la región. Si bien las indemnizaciones representan un alivio temporal, la verdadera recuperación requerirá un compromiso sostenido del gobierno, las empresas y la sociedad civil para restaurar el ecosistema, reactivar la economía local y prevenir futuras tragedias.

Escrito por: Jhorlene Pinargote

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