Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador y candidato a la reelección, ha sido objeto de críticas por no solicitar una licencia sin sueldo para hacer campaña electoral. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre el uso de recursos públicos y la falta de claridad en la sucesión presidencial durante su ausencia.
La Constitución ecuatoriana establece que los funcionarios públicos, incluido el presidente, deben solicitar una licencia sin sueldo si desean participar en una campaña electoral. Sin embargo, Noboa optó por encargar la presidencia, en lugar de seguir el procedimiento establecido.
Esta situación ha sido cuestionada por la Corte Constitucional, que declaró inconstitucionales los decretos de encargo presidencial emitidos por Noboa. Además, ha generado dudas sobre quién ejerce realmente la vicepresidencia, ya que Abad enfrenta una suspensión de derechos políticos por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral.
La falta de licencia también ha permitido que Noboa utilice recursos públicos en su campaña, lo que ha sido denunciado por sus opositores como una ventaja ilegítima. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo las instituciones parecen flexibilizar las normas en favor del candidato oficialista.
Este caso no solo pone en evidencia las debilidades del sistema político ecuatoriano, sino que también refleja la falta de transparencia y la polarización que caracterizan el actual proceso electoral.
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