La economía ecuatoriana cerró el año 2024 con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,5 %, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque a primera vista este número puede parecer solo un dato técnico, representa una crisis estructural profunda que ha golpeado con dureza a la sociedad ecuatoriana.
Antecedentes de la crisis
El país no solo ha retrocedido en términos macroeconómicos, sino también en desarrollo social, calidad de vida, oportunidades laborales y bienestar general. El retroceso económico no surgió de la nada: diversos factores confluyeron para empujar a Ecuador a esta situación.
La crisis energética es uno de estos factores. La disminución del nivel de los embalses hidroeléctricos, debido a fenómenos climáticos como El Niño, llevó a apagones masivos en todo el país. Industrias y comercios vieron afectadas sus operaciones, lo que redujo la productividad general.
La violencia y la inseguridad también influyeron en esta situación. El auge del crimen organizado y el narcotráfico convirtió a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina. La inseguridad ahuyentó inversiones, frenó la actividad económica y profundizó la sensación de crisis.
La caída en la producción petrolera no se queda atrás. Conflictos sociales en zonas de extracción y problemas técnicos redujeron la producción de crudo —el principal rubro de exportación del país—. La disminución de ingresos petroleros afectó directamente las arcas fiscales.
La inestabilidad política, que no es algo nuevo en el país, también ha causado estragos. La falta de consensos, la desconfianza institucional y los cambios abruptos de gobiernos generaron un ambiente de incertidumbre que deterioró la confianza tanto interna como externa.
Impacto en la población
Si bien los gobiernos suelen enfocarse en indicadores macroeconómicos, la verdadera crisis se ha vivido en los hogares. El decrecimiento económico afectó sobre todo a la clase media y a los sectores más vulnerables.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó un aumento de la pobreza por ingresos del 26 % al 28 %, y de la pobreza extrema del 9,8 % al 12,7 % en solo un año. Además, muchas personas que antes eran consideradas clase media pasaron a una situación de vulnerabilidad. En un país donde la clase media ya era pequeña (7,7 % en 2022), este retroceso es significativo.
Las consecuencias se sienten en la reducción del consumo, en la inseguridad alimentaria y en el acceso limitado a salud, educación y transporte. Las familias han tenido que recortar gastos esenciales, vender bienes, endeudarse y depender de redes informales de apoyo. Esto ha generado un clima de ansiedad constante y una percepción de abandono.
Además, la migración ha aumentado. Miles de ecuatorianos buscan mejores oportunidades en otros países. La desesperanza empuja a muchos jóvenes a emigrar, lo que provoca una pérdida de capital humano que agrava aún más la situación.
La desigualdad en tiempos de crisis
La crisis ha hecho más visible la desigualdad. Las comunidades rurales han sido de las más golpeadas, con menor acceso a servicios básicos y políticas públicas. Muchas familias campesinas han enfrentado la crisis sin apoyo del Estado. Lo mismo sucede en las periferias urbanas, donde la informalidad laboral se ha disparado.
Las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, han cerrado en grandes cantidades. La falta de acceso a créditos, el aumento de costos y la reducción de la demanda crearon un entorno muy difícil para su subsistencia.
Además, se ha deteriorado la infraestructura pública: hospitales sin medicamentos, escuelas con techos dañados y calles intransitables. Todo esto incrementa la sensación de abandono del Estado y profundiza el malestar social.
Proyecciones para 2025
Aunque el panorama es desafiante, organismos internacionales proyectan una leve recuperación del PIB en 2025, en torno al 1,7 %. Sin embargo, este crecimiento será insuficiente si no se toman medidas concretas para redistribuir los beneficios y fortalecer la protección social.
El país necesita reactivar su aparato productivo con una visión estratégica. Es fundamental diversificar la economía, fortalecer el sector agrícola, fomentar la innovación tecnológica y garantizar seguridad jurídica para atraer inversión.
Pero la recuperación también debe ser social. Hay que reforzar la educación, mejorar el acceso a la salud, apoyar a las mujeres emprendedoras y a los jóvenes que buscan oportunidades. Sin una inclusión real de todos los sectores, el crecimiento será solo para unos pocos.
Hacia un nuevo pacto social
Este momento histórico exige una transformación profunda del contrato social. Ecuador necesita una visión de país que vaya más allá de los ciclos políticos y que integre a todos los sectores sociales en un proyecto común. Un nuevo pacto social debe incluir descentralización, participación ciudadana, transparencia y políticas redistributivas. También se requiere una nueva ética pública que priorice el bienestar colectivo y no los intereses particulares.
El papel de la juventud será clave. Los jóvenes que tienen ideas, energía y capacidad de innovación deben ser escuchados y respaldados. Asimismo, las comunidades indígenas, las mujeres rurales, los colectivos barriales y las organizaciones sociales deben tener un rol activo en la reconstrucción del país.
El año 2024 fue extremadamente difícil para Ecuador. Sin embargo, en la historia de este país también hay numerosos ejemplos de resistencia y superación. La adversidad puede convertirse en el motor de un cambio profundo. Es momento de que el pueblo ecuatoriano, con todas sus diferencias, se una en torno a la construcción de un país más justo y humano.
La reconstrucción no vendrá solo de la política o de la economía, sino de la voluntad colectiva de transformar la realidad. Que la crisis nos recuerde que ningún país sale adelante sin su gente. Que este sea el inicio de un nuevo camino para Ecuador.
Escrito por: Alisson Inaquiza