La emboscada que dejó once militares ecuatorianos muertos en la Amazonía expone la creciente amenaza del crimen organizado transnacional, alimentado por la minería ilegal. El Estado ha respondido con una ofensiva militar sin precedentes, pero enfrenta desafíos estructurales de largo aliento.
Emboscada en la triple frontera
Una grave crisis de seguridad se vive en Alto Punino, región amazónica ubicada en la zona limítrofe entre Ecuador, Perú y Colombia. El 9 de mayo, una patrulla militar ecuatoriana fue emboscada por el grupo armado Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas FARC, mientras realizaba una operación contra la minería ilegal. El ataque dejó once soldados muertos y se convirtió en uno de los golpes más letales sufridos por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en los últimos años.
En respuesta, el gobierno desplegó más de 1.500 efectivos en la zona para recuperar el control territorial y frenar el avance de organizaciones criminales que operan con estructuras paramilitares y se financian a través del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales.
Un ataque con precisión militar
La emboscada tuvo lugar en una zona selvática de difícil acceso, lo que dificultó la respuesta inmediata y facilitó la retirada de los atacantes. Según el Ministerio de Defensa, los atacantes ejecutaron la operación con un alto grado de planificación, logística y tecnología, lo que revela que disponen de entrenamiento militar, recursos financieros y equipamiento avanzado, como drones y sistemas de comunicación encriptados.
Además, se investiga una posible filtración de información desde las propias filas militares, lo que ha encendido las alarmas sobre un potencial caso de corrupción interna.
Disidencias en expansión
Los Comandos de la Frontera surgieron tras el acuerdo de paz firmado en Colombia en 2017, como una facción de las FARC que rechazó la desmovilización. Aunque en sus inicios mantenían un discurso político, actualmente operan como una red criminal enfocada en el control de rutas para el narcotráfico y la minería ilegal. Su presencia se ha extendido hacia Ecuador, aprovechando la débil institucionalidad en zonas fronterizas como Alto Punino.
El comandante del Ejército ecuatoriano, Henry Delgado, ha advertido que el cabecilla del grupo, alias “Compadre”, mantiene nexos con Los Lobos, una de las bandas criminales más peligrosas del país, conocida por su capacidad para infiltrarse en instituciones estatales.
Minería ilegal: el combustible del crimen
La minería ilegal se ha convertido en el principal motor financiero de estas organizaciones. Alto Punino alberga yacimientos de oro explotados por redes mafiosas sin ningún tipo de regulación. Esta actividad no solo devasta el ecosistema amazónico y amenaza a comunidades indígenas, sino que también genera millones de dólares que los grupos criminales utilizan para financiar la compra de armas, sobornos y la expansión de sus redes.
Las bandas han desarrollado estructuras cuasi militares, con armamento sofisticado, logística propia y alta movilidad, lo que representa un reto creciente para las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
Un conflicto transnacional
Lo que ocurre en Alto Punino es parte de una red criminal que opera más allá de las fronteras. Disidencias armadas colombianas, bandas ecuatorianas y mafias internacionales vinculadas al tráfico de oro y drogas conforman un entramado que explota vacíos de poder estatal y zonas desatendidas por los gobiernos.
Expertos en seguridad advierten que la coordinación internacional con Colombia y Perú será clave para enfrentar de manera conjunta estas amenazas compartidas.
El desafío del Estado
Pese a la respuesta militar contundente, analistas coinciden en que la solución no llegará solo con el uso de la fuerza. Se requiere una estrategia integral que incluya inversión social, fortalecimiento institucional, control efectivo del territorio y un combate frontal a la corrupción. Sin estos elementos, cualquier avance será frágil y temporal.
Una cuestión de soberanía
La crisis en Alto Punino no es solo un asunto de seguridad: es una prueba crítica para la soberanía nacional. La capacidad del Estado ecuatoriano para proteger a su población, resguardar sus fronteras y desmantelar redes criminales se pondrá a prueba en los próximos meses.
La emboscada del 9 de mayo ha dejado una huella profunda en el país y ha encendido una alerta roja sobre la penetración del crimen organizado en la Amazonía. El futuro de esta región —y de la estabilidad nacional— dependerá de la respuesta que el Estado logre articular ante esta amenaza sin precedentes.
Escrito por: Klever Ushinia