¿Qué ocurre cuando una ley que busca proteger a la infancia se deja morir en el escritorio del poder? ¿Qué mensaje estamos enviando a miles de niñas, niños y adolescentes?
La Asamblea Nacional del Ecuador no aprobó el proyecto de reforma al Código de la Niñez el 12 de mayo de 2025, tras seis años de trabajo. Un acto que, más allá de lo legislativo, tiene implicaciones profundas para la niñez del país.
¿Para qué sirve el Código de la Niñez y Adolescencia?
El Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) es más que un conjunto de artículos legales; es un escudo protector diseñado para garantizar que cada niño, niña y adolescente en Ecuador crezca en un entorno seguro, digno y con oportunidades reales de desarrollo. Este código no solo establece derechos y deberes, sino que define mecanismos claros para que las instituciones públicas y privadas actúen de manera coordinada en la defensa de la infancia. Desde el acceso a la educación hasta la protección frente al abuso o el trabajo infantil, el CONA es la guía que estructuras políticas, procedimientos y acciones en favor de las personas menores de edad.
Además, sirve como una herramienta clave para promover el respeto a la dignidad y progresividad de los derechos de este grupo etario. Establece parámetros sobre la responsabilidad penal adolescente, regula procesos de adopción, y aborda temas críticos como la violencia intrafamiliar o la desnutrición infantil. Este código permite que jueces, fiscales, trabajadores sociales y educadores tomen decisiones coherentes con la realidad emocional, psicológica y social de los menores. En otras palabras, es un instrumento para transformar la vulnerabilidad en protección efectiva.
¿Qué contenía la propuesta archivada?
El proyecto de reforma proponía una reestructuración profunda del código vigente desde 2003. Dividido en cuatro libros principios y derechos; relaciones familiares; sistema de protección; y sistema de responsabilidad penal adolescente el documento abordaba realidades actuales como la violencia armada, el cambio climático, la movilidad humana y la pobreza.
Entre sus reformas más importantes, destacaba el fortalecimiento de medidas para prevenir el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado, la modernización de procesos de adopción y la implementación de una justicia restaurativa para adolescentes infractores.
¿Por qué se rechazó en la Asamblea Nacional?
El pleno legislativo necesitaba 70 votos afirmativos, pero solo alcanzó 45, todos provenientes de la bancada de Revolución Ciudadana. Un total de 60 asambleístas se abstuvieron, y apenas uno votó en contra. No hubo reconsideración de la votación, y el proyecto fue archivado oficialmente.
El rechazo fue interpretado por muchos sectores como una falta de voluntad política para priorizar los derechos de la infancia. Otros sectores argumentaron que había desinformación y polémica en torno a temas como la custodia compartida, la adopción por parte de parejas del mismo sexo o supuestos cambios de sexo en menores, lo cual fue desmentido por la ponente Pierina Correa.
Datos rigurosos y contexto:
- Duración del proyecto: 6 años de trabajo legislativo.
- Sesiones realizadas: 170 sesiones ordinarias y 34 continuaciones.
- Total, de páginas del proyecto: más de 700.
- Número de votos requeridos: 70 votos
- Votos alcanzados: 45 afirmativos, 1 en contra, 60 abstenciones.
- Última sesión del periodo legislativo: 12 de mayo de 2025.
Reacciones nacionales e internacionales
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de UNICEF. Su representante en Ecuador, Arturo Romboli, lamentó que el país haya perdido “una oportunidad histórica para saldar su deuda con la infancia”. Afirmó que los niños y adolescentes necesitan un nuevo código “urgente y coherente con los desafíos actuales”.
Colectivos sociales, especialistas en infancia y juristas también alzaron la voz. Para muchos, la falta de consensos fue el reflejo de un sistema político que antepone rivalidades partidistas por encima del interés de los más vulnerables.
¿Quién perdió realmente?
Aunque la Asamblea Nacional concluyó su periodo con esta decisión, los verdaderos perdedores son los niños y adolescentes del país. Se perdió una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, garantizar justicia más humana y brindar protección efectiva.
Pierina Correa, principal promotora del proyecto, se retiró de la política con un discurso cargado de tristeza, pero también de convicción: “Este no es un código de partido; es un código para proteger a nuestros niños”. Sin embargo, sus palabras no bastaron en un escenario marcado por la polarización.
Más que un fracaso legislativo: una omisión moral
Además del impacto legislativo, la caída del proyecto refleja una preocupante falta de voluntad política para atender los problemas estructurales que enfrentan millones de niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Postergar temas urgentes como la violencia intrafamiliar, el trabajo infantil, el abandono escolar y el acceso desigual a salud y protección representa una omisión grave de quienes asumieron el compromiso de legislar con responsabilidad social. Las excusas técnicas y las abstenciones políticas no borran la deuda pendiente con la niñez del país.
Este tipo de decisiones también socavan la confianza ciudadana en el sistema democrático. Cuando temas que afectan directamente el futuro de una nación son relegados por cálculos partidistas o polarización ideológica, se debilita la legitimidad de las instituciones. La protección de los derechos de la infancia no puede estar sujeta al vaivén político ni a prejuicios mal informados. Se necesita una Asamblea que legisle con perspectiva de futuro y sensibilidad humana, entendiendo que cada día sin una ley adecuada es un día más que se les niega justicia y protección a miles de menores.
¿Cómo vamos a exigir derechos si el Estado se niega a reconocerlos desde su raíz legal? ¿Qué compromiso real tienen nuestras instituciones con la niñez?
La reforma del Código de la Niñez no era perfecta, pero representaba un avance necesario. Su archivo demuestra que en Ecuador sigue siendo difícil construir políticas públicas duraderas en temas sensibles. La nueva Asamblea, que asumirá funciones el 14 de mayo de 2025, tiene la responsabilidad y ahora, la deuda de retomar este debate con seriedad y enfoque técnico, sin caer en prejuicios ideológicos.
A la nueva Asamblea Nacional, que inicia funciones este 14 de mayo, se le plantea un enorme reto retomar el proyecto sin ideologizarlo y colocarlo en el centro de la agenda legislativa, escuchando a las organizaciones sociales, a la academia, a los expertos en infancia y a las propias familias ecuatorianas.
La protección de la niñez no puede esperar más, se necesita voluntad política real, técnica responsable y compromiso ético con el presente y futuro del país.
Porque proteger a la niñez no es una opción es un deber constitucional y moral.
Escrito por: Nicole Murillo