La realidad del campo ecuatoriano
En el corazón de Ecuador, los mercados de ciudades como Quito y Ambato se abastecen diariamente de verduras cultivadas en zonas rurales que enfrentan una preocupante realidad: el uso de aguas contaminadas para el riego de cultivos. Los agricultores en sectores como Totoras, Salasaca e Izamba han utilizado durante años vertientes de riego contaminadas, provenientes de ríos con desechos industriales y domésticos, sin que exista una regulación estricta que garantice la inocuidad de los productos agrícolas. Esta práctica, aunque común, representa un riesgo latente para la salud pública.
Estudios locales han reportado la presencia de metales pesados como mercurio, arsénico y plomo en los canales de riego que alimentan los cultivos en zonas como Latacunga, Ambato y Salcedo. Estos contaminantes no solo afectan la calidad de los alimentos, sino que también impactan directamente a los agricultores que manipulan estas aguas, así como a los consumidores que ingieren los productos. La exposición constante puede desencadenar enfermedades gastrointestinales, problemas de desarrollo en niños y debilitamiento del sistema inmunológico.
Insalubridad en los mercados
Esta situación se agrava al llegar a los puntos de comercialización. En 2023, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) inspeccionó el Mercado Mayorista de Quito, uno de los principales centros de distribución de alimentos de la capital. El informe reveló una alarmante falta de condiciones higiénicas: en este lugar se encontraron roedores, vegetales en el suelo sin protección alguna, así como residuos orgánicos en estado de descomposición. Estos hallazgos reflejan no solo una deficiencia en el control sanitario, sino también el riesgo que representa consumir productos expuestos a este tipo de ambientes insalubres.
Quito depende en gran medida del Mercado Mayorista de San Roque y del Mercado Mayorista de Quito, a donde llegan productos provenientes de provincias como Tungurahua, Cotopaxi e Imbabura. Estas son justamente regiones donde la contaminación de fuentes de agua es frecuente debido a descargas industriales y aguas residuales domésticas no tratadas. Sin una correcta cadena de frío ni una limpieza adecuada de las áreas de comercialización, la contaminación microbiológica se incrementa.
Diversos informes técnicos y denuncias ciudadanas también han identificado que los canales de riego que surten cultivos en zonas agrícolas de la Sierra Central contienen altos niveles de coliformes fecales, amonio y residuos de pesticidas. El uso intensivo de agroquímicos en la agricultura convencional también contribuye a la presencia de residuos tóxicos en frutas y verduras. Estos residuos no solo permanecen en las hojas o cáscaras, sino que pueden penetrar en los tejidos de los vegetales, haciendo insuficiente un simple lavado superficial.
Recomendaciones de organismos internacionales
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a residuos de plaguicidas en los alimentos puede tener graves efectos en la salud humana, incluyendo desde intoxicaciones agudas hasta trastornos neurológicos, alteraciones hormonales e incluso ciertos tipos de cáncer. La OMS insiste en que los alimentos contaminados deben ser gestionados bajo estrictos límites de residuos para no representar un riesgo. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, estos controles son inexistentes o ineficientes.
El Codex Alimentarius, un programa conjunto de la FAO y la OMS, establece que los gobiernos deben aplicar mecanismos de evaluación de riesgo que incluyan monitoreo constante y educación al consumidor. Dentro de sus recomendaciones está la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que incluyen la rotación de cultivos, el uso racional de agroquímicos y el establecimiento de zonas de protección para evitar el contacto directo de los cultivos con fuentes contaminadas.
Sin embargo, en Ecuador, la implementación de las BPA es limitada y muchas veces inalcanzable para pequeños productores, debido a la falta de apoyo técnico y financiero. Esto genera una cadena de producción vulnerable y un sistema alimentario desigual, donde solo quienes pueden pagar productos orgánicos tienen acceso a una alimentación segura.
Acciones necesarias desde el gobierno y la sociedad
La situación exige una respuesta inmediata y coordinada. Es indispensable que el gobierno refuerce los sistemas de control de calidad y tratamiento de aguas residuales, además de implementar campañas de educación sanitaria para los agricultores. Por su parte, los productores agrícolas deben adoptar prácticas más sostenibles y buscar alternativas para el riego seguro de sus cultivos.
Los consumidores también tienen un rol crucial. Deben estar informados y ser críticos con los productos que adquieren, priorizando aquellos con certificaciones de buenas prácticas agrícolas. Para reducir los riesgos al consumir vegetales posiblemente contaminados, se recomienda lavar los vegetales bajo agua corriente durante al menos 30 segundos, usar soluciones con vinagre o bicarbonato, y cocinarlos adecuadamente, ya que el calor ayuda a destruir muchos patógenos. Aunque estas medidas no eliminan completamente los contaminantes, sí pueden reducir significativamente la carga microbiológica y química.
Además, es fundamental destacar el papel de las universidades y centros de investigación en esta problemática. Estas instituciones pueden contribuir significativamente con estudios que monitoreen la calidad del agua y los alimentos, así como con propuestas innovadoras para el tratamiento de aguas residuales y la mejora de las prácticas agrícolas. Las autoridades podrían fortalecer la legislación sobre el etiquetado de alimentos, promoviendo una mayor transparencia sobre el origen y las condiciones en que se cultivan los productos que llegan a nuestras mesas.
Para un futuro con menos riesgo
Frente a esta realidad, es fundamental repensar el modelo agrícola ecuatoriano, apostando por una agricultura sostenible, justa y segura. Esto requiere voluntad política, financiamiento y, sobre todo, una ciudadanía informada y exigente. Cada actor tiene un rol: el gobierno como garante, los agricultores como cuidadores de la tierra y los consumidores como fiscalizadores activos. No se trata solo de evitar una intoxicación, sino de proteger la salud de las generaciones futuras.
La inseguridad alimentaria no se limita únicamente al acceso físico a los alimentos, sino también a su calidad e inocuidad. La falta de acceso a productos seguros afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, que no pueden costear productos certificados. Esto perpetúa un ciclo de pobreza y enfermedad. Además, la falta de control puede afectar las exportaciones agrícolas del país, poniendo en riesgo la economía de pequeños y medianos agricultores que dependen del comercio nacional e internacional.
La inocuidad alimentaria es un derecho de todos, y aunque parezca una lucha cuesta arriba, cada paso cuenta. Con pequeños cambios, podemos transformar una realidad preocupante en una oportunidad para cuidar mejor de lo que comemos y de quienes lo cultivan.
Escrito por: Alisson Inaquiza