En Ecuador, el debate sobre el aborto ha cobrado una renovada urgencia en 2025. A pesar de ciertos avances normativos, el país aún enfrenta grandes desafíos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Mientras varios países de la región han legalizado el aborto bajo distintas condiciones, Ecuador mantiene una legislación que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos califican como restrictiva y punitiva.
El artículo 149 bajo la lupa
El 28 de abril de 2025, varias organizaciones feministas acudieron a la Corte Constitucional para exigir la despenalización total del aborto. Esta acción abre un nuevo capítulo en la lucha por la autonomía corporal de las mujeres ecuatorianas. Cuatro años atrás, la misma Corte había despenalizado el aborto en casos de violación.
Hoy en día, el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo con penas de entre seis meses y dos años de prisión. También castiga con hasta tres años de cárcel a quienes las asisten.
Diversos sectores sociales critican este artículo porque criminaliza a las mujeres y refuerza una visión punitiva del derecho a decidir. Actualmente, el aborto solo se permite si el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer, o si fue producto de una violación —este último caso legalizado en 2021—. Sin embargo, muchas mujeres, especialmente las más jóvenes o con menos recursos, todavía enfrentan obstáculos para acceder a estos servicios.
Una demanda por la igualdad
La demanda presentada busca que la Corte declare inconstitucional el artículo 149, ya que contradice principios fundamentales como el derecho a la salud, la igualdad ante la ley, la libertad personal y la no discriminación.
Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, señaló: “Nuestra libertad reproductiva no es completa. Pedimos que se resuelva esta demanda y que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo sin ser criminalizadas”.
El aborto como problema de salud pública
Además del marco legal, el aborto en Ecuador representa una problemática de salud pública. Cada año, miles de mujeres llegan a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Muchas de ellas recurren a métodos clandestinos, impulsadas por el miedo a ser denunciadas. Esta situación no solo afecta su salud física y mental, sino que también evidencia fallas estructurales en el sistema de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que penalizar el aborto no disminuye su práctica. Por el contrario, obliga a las mujeres a someterse a procedimientos peligrosos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también ha instado a Ecuador a revisar su legislación en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
El papel clave de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional tiene ahora la posibilidad de transformar el marco legal ecuatoriano. Su decisión podría marcar un precedente regional y definir el rumbo del país en materia de derechos reproductivos.
En 2021, la Corte ya reconoció que penalizar el aborto de forma absoluta perjudica desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables. Sin embargo, aún queda pendiente garantizar el acceso efectivo y libre de estigmas al aborto legal. La solicitud actual busca un paso más allá: reconocer plenamente el derecho a decidir, sin castigos penales.
Una sociedad dividida
El tema del aborto genera divisiones profundas en la sociedad ecuatoriana. Mientras colectivos feministas y defensores de derechos humanos lo consideran una cuestión de justicia social, sectores conservadores —en especial los vinculados a iglesias— insisten en que el aborto atenta contra la vida y los valores familiares.
Medios de comunicación y redes sociales funcionan como escenarios de debate, donde se exponen argumentos desde todas las posturas. Esta polarización refleja la diversidad de valores y creencias que coexisten en el país.
Educación sexual: la herramienta preventiva
Un aspecto crucial en este debate es la educación sexual integral. Numerosos estudios demuestran que ofrecer información científica y sin prejuicios sobre sexualidad, anticoncepción y relaciones afectivas reduce embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
Sin embargo, Ecuador aún tiene mucho por hacer. La educación sexual sigue siendo deficiente, y muchas veces inexistente, especialmente en zonas rurales y sectores marginados. Las barreras culturales, religiosas y políticas han limitado la implementación de programas efectivos.
El aborto y los derechos humanos
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Reproductivos sostienen que criminalizar el aborto vulnera los derechos humanos de las mujeres.
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a vivir sin violencia y a acceder a servicios de salud seguros son principios fundamentales que Ecuador ha ratificado en múltiples tratados.
Despenalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir un embarazo. Simplemente les otorga la libertad de decidir en un marco legal seguro. Se trata de una ampliación de derechos, no de una imposición moral.
¿Ecuador está listo para garantizar el derecho a decidir?
Ecuador enfrenta una decisión histórica. La resolución de la Corte Constitucional sobre la despenalización total del aborto definirá si el país avanza hacia un sistema más justo e igualitario, o si continúa castigando decisiones personales con base en visiones moralizantes.
Más allá de ideologías, lo que está en juego es la salud, la dignidad y la vida de miles de mujeres. En una democracia, los derechos no deben negociarse. Garantizar una vida libre, informada y autónoma es una responsabilidad ineludible del Estado.
Escrito por: Carol Quimi